Washington presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en la capital sin el consentimiento de la alcaldesa. La acción legal, liderada por el fiscal general Brian Schwalb, solicita a la Corte de Distrito declarar inconstitucional la decisión y prohibir de manera permanente el uso de tropas en labores de seguridad local.
Entre los demandados figuran miembros de la administración, incluidos el secretario de Defensa Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi, el Ejército de Estados Unidos y los departamentos de Justicia y Defensa.
Washington argumenta que el despliegue armado de la Guardia Nacional viola la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de fuerzas militares en la aplicación de la ley dentro del país.
La demanda se produce días después de que un juez federal determinará que Trump había infringido esta misma ley al desplegar tropas en Los Ángeles. Schwalb señaló que la acción presidencial ignora un principio básico de la democracia estadounidense: el Ejército no debe intervenir en la seguridad civil sin autorización.
El 11 de agosto, Trump asumió el control de la seguridad de Washington por 30 días, activando a 800 miembros de la Guardia Nacional y sumando más de 2 mil efectivos provenientes de estados republicanos. Además, tomó el control de la estación central de la capital, conocida como Union Station, y señaló que otras ciudades, como Chicago y Nueva Orleans, podrían ser los próximos destinos de este despliegue, pese a la oposición de autoridades locales y judiciales.
