Con la unanimidad de 441 votos a favor y mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas al artículo 21 constitucional para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y otorgarle atribuciones para investigar delitos, dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad y coordinar el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, entre otras.

El documento fue enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

Establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.  

Precisa que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.

Además, el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

También, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional y le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en los términos que señale la ley.

Podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

En el régimen transitorio, menciona que, en el término de noventa días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizará la armonización normativa de los instrumentos jurídicos que correspondan.

Mientras que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que no se asignarán partidas presupuestales adicionales durante el presente ejercicio fiscal.

Con 332 votos a favor y 119 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica, con lo cual se extinguen siete órganos autónomos.

Con lo aprobado se derogan las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), al artículo 28 constitucional y en los transitorios, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Ramírez Cuéllar indicó que es una autoridad que será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio; son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, y que van a permitir mayor competencia económica en el país. 

La nueva autoridad que se propone, abundó, tiene como base el fortalecimiento para imponer multas, acortar los periodos de investigación, llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita, a fin de que los niveles de competencia aumenten, se incrementen los beneficios a los consumidores y usuarios y se genere mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios, así como llevar al país a mejores niveles de competencia economía y bienestar.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 347 votos a favor y 128 en contra la reforma constitucional para extinguir siete organismos autónomos. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los legisladores discutirán el dictamen en lo particular este jueves.

Las reformas a 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, prevén la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como órganos autónomos.

Así como eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

El proyecto señala la necesidad de una reorganización administrativa en congruencia con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia, argumentando que, “desde su creación y hasta 2024, se ha asignado a los organismos que se pretende extinguir la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos”.