La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad estratégica para fortalecer no sólo la integración económica de América del Norte, sino también las instituciones que garantizan la legalidad, la transparencia y la confianza en el comercio regional.
En los últimos años, México ha impulsado una transformación profunda de la vida pública basada en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. Esa misma convicción debe reflejarse en la manera en que abordamos la actualización de los acuerdos internacionales que estructuran nuestra relación económica con el mundo.
En ese contexto, uno de los temas que debe colocarse en el centro del debate es el Capítulo 27 del T-MEC, dedicado al combate a la corrupción.
Este capítulo establece compromisos para prevenir y sancionar prácticas corruptas vinculadas al comercio y la inversión internacionales, fortalecer la transparencia en la función pública y promover la cooperación entre los países de la región. Sin embargo, el contexto actual exige ir más allá de los compromisos formales.
La revisión de este capítulo debe contemplar el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar con mayor eficacia fenómenos que afectan directamente la integridad del comercio regional: la corrupción, el contrabando, el tráfico ilegal de armas, el huachicol fiscal y las transferencias criminales de recursos financieros vinculadas a redes ilícitas.
No se trata de problemas aislados. Se trata de prácticas que distorsionan la competencia económica, afectan la recaudación pública, debilitan la confianza en las instituciones y generan ventajas indebidas frente a quienes participan en el comercio de manera legal.
En una región que concentra uno de los corredores comerciales más dinámicos del planeta, proteger la legalidad en las rutas del comercio internacional es una prioridad estratégica.
Por ello, uno de los ejes centrales de la discusión debe ser el fortalecimiento del sistema aduanero en América del Norte.
Las aduanas son espacios fundamentales para el funcionamiento de las cadenas de suministro que conectan a nuestras economías. Por ellas transitan diariamente miles de operaciones comerciales que sostienen millones de empleos y una parte significativa del crecimiento económico de la región.
Pero también son espacios donde se requiere reforzar permanentemente los mecanismos de supervisión, control y transparencia.
Modernizar las aduanas implica fortalecer la tecnología, mejorar los sistemas de inteligencia, ampliar el intercambio de información y elevar los estándares de integridad en la función pública. Pero también implica reconocer que muchos de los desafíos que enfrentamos tienen una dimensión claramente transnacional.
Las redes de contrabando, los esquemas de evasión asociados al huachicol fiscal, el tráfico ilegal de mercancías o las operaciones de lavado de dinero vinculadas al comercio exterior no se detienen en las fronteras. Operan a través de ellas.
Ningún país puede enfrentar estos desafíos de manera aislada.
Por ello, América del Norte necesita avanzar hacia mecanismos de cooperación más ambiciosos y eficaces.
En este sentido, debemos abrir el debate sobre la construcción de una Unión Aduanera Trinacional, un instrumento de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá que permita fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y control frente a las redes ilícitas que operan en el comercio regional.
Una iniciativa de esta naturaleza permitiría compartir información estratégica en tiempo real, coordinar investigaciones y desarrollar acciones conjuntas para combatir el contrabando, el tráfico de armas, el huachicol fiscal y las transferencias financieras ilícitas vinculadas al comercio exterior.
El objetivo es claro: cerrar los espacios a la corrupción y proteger la economía legal que sostiene el desarrollo de la región.
Defender la integridad del comercio regional significa también proteger a las empresas que cumplen con la ley, fortalecer la recaudación pública y garantizar condiciones de competencia justa para quienes participan en los mercados de América del Norte.
México tiene hoy un papel central en esta discusión. Nuestro país se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de la región y en un actor clave en la reconfiguración de las cadenas globales de valor.
Precisamente por ello, debemos impulsar una agenda que combine competitividad económica con integridad institucional. Y la revisión del T-MEC abre una ventana para avanzar en esa dirección.
Con ese propósito, debo mencionar que el próximo 18 de marzo en la Cámara de Diputados se llevará a cabo el foro “Integridad pública y Estado de derecho en el marco del T-MEC”, un espacio de diálogo con especialistas, académicas, académicos, representantes del sector público y de la sociedad civil para reflexionar sobre los retos de esta agenda.
Porque si queremos cadenas de suministro más seguras, economías más competitivas y comercio más justo, debemos empezar por una convicción básica: la integración económica de América del Norte también debe construirse sobre instituciones fuertes, cooperación regional y cero tolerancia a la corrupción.
