Una crisis sanitaria por la propagación del VIH se ha extendido por más de dos décadas en la Amazonía de Perú, impactando de manera crítica a las poblaciones indígenas Awajún y Wampis. De acuerdo con reportes locales, el avance del virus afecta primordialmente a la población joven de entre 12 y 26 años, quienes representan el 80% de los casos confirmados en la provincia fronteriza de Condorcanqui, ubicada en el departamento norteño de Amazonas.
La problemática se agrava debido al aislamiento geográfico de la región, un factor que dificulta la llegada oportuna de suministros médicos y tratamientos antirretrovirales. Asimismo, la zona enfrenta dinámicas delictivas complejas como la minería ilegal, la trata de personas y la violencia sexual, factores estructurales identificados por defensores de derechos humanos como catalizadores en la transmisión acelerada del virus entre las comunidades originarias.
Ante la falta de infraestructura médica adecuada, líderes comunitarios y autoridades locales denuncian un profundo abandono estatal y la escasez de recursos para frenar la emergencia. Mientras los centros de salud emprenden campañas para reducir el estigma social y evitar el abandono de los tratamientos, los representantes indígenas exigen una intervención integral urgente por parte del gobierno peruano para proteger la supervivencia de estos pueblos de la selva.
