El pasado 8 de septiembre se entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Fiscal para el ejercicio 2026, integrado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos. Esta última fue aprobado el pasado 17 de octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos se está discutiendo esta misma semana. Para el próximo año se proyecta un presupuesto total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos (mdp), cifra que representa un incremento real del 5.9%.
Dentro de este marco, el sector energético se consolida como uno de los pilares del gasto público. En conjunto, la Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibirán 1 billón 578 mil 207 mdp, lo que implica un aumento de 14.29% respecto a los recursos aprobados en 2025.
Por institución, para el Ejercicio Fiscal 2026, la SENER dispondrá de 267 mil 439 mdp, monto que representa un crecimiento real de 86.86% respecto a lo aprobado para 2025. La CFE, por su parte, tendrá un presupuesto de 602 mil 567 mdp, una ligera disminución de 0.28%. En cuanto a PEMEX, el presupuesto proyectado asciende a 708 mil 200 mdp, lo que equivale a un aumento de 11.8%.
En agosto pasado, PEMEX dio a conocer su Plan Estratégico 2025–2035, orientado a fortalecer la soberanía, la seguridad y la justicia energética. Entre sus principales metas sobresalen la eliminación de la quema rutinaria de gas antes de 2030 y la reducción de su huella de carbono, mediante la incorporación gradual de energías renovables, biocombustibles y prácticas de economía circular. En congruencia con estos objetivos, el presupuesto asigna en conjunto a PEMEX, SENER, CFE, SICT, entre otras, 17,868 mdp a programas vinculados con la Estrategia Nacional de Transición Energética Integral (Anexo 15).
Estos esfuerzos se enmarcan en la Ley de Planeación y Transición Energética, la cual establece que el desarrollo de las áreas estratégicas debe garantizar la soberanía, la seguridad, la autosuficiencia y la justicia energética de la nación.
La participación del sector privado se presenta como un aliado clave para fortalecer la capacidad del Estado. La Ley de la Industria Eléctrica permite que la generación de energía sea pública, privada o mixta, promoviendo la colaboración en proyectos estratégicos. De forma similar, la Ley de Hidrocarburos faculta a la SENER para asignar proyectos a PEMEX bajo esquemas propios o compartidos. No obstante, el verdadero desafío radica en consolidar estos mecanismos con mayor transparencia, certidumbre en los procesos y un cumplimiento efectivo de los objetivos nacionales.
Por otra parte, PEMEX busca reactivar la industria petroquímica mediante el programa “Producción, distribución y comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, con un presupuesto de 123 mil 339 mdp; ello, busca rehabilitar los complejos petroquímicos, aumentar la producción de fertilizantes fosfatados y fortalecer la soberanía alimentaria a través del abasto nacional de insumos agrícolas. Con ello, se pretende reimpulsar una actividad económica que fue debilitada tras los procesos de privatización y que resulta esencial para la industria agropecuaria.
La SENER, por su parte, ejercerá 907 mdp para la articulación de la política energética y 1 mil 850 mdp para investigación y desarrollo tecnológico. Estas inversiones buscan fortalecer las capacidades institucionales, impulsar la innovación, el desarrollo y contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.
El Paquete Fiscal 2026 consolida al sector energético como uno de los pilares de la política económica y una pieza clave para garantizar la soberanía y seguridad del país. Los incrementos presupuestales destinados a PEMEX y la SENER, así como las estrategias de transición hacia fuentes más limpias, reflejan el compromiso del Estado de fortalecer las empresas públicas y avanzar hacia un modelo energético más sostenible e incluyente.
Los desafíos son considerables, PEMEX enfrenta un doble reto, equilibrar sus metas de producción junto con la reducción de la huella ambiental al tiempo que, debe mejorar su rentabilidad. La CFE, por su parte, debe continuar modernizando su infraestructura y garantizar el acceso universal a la electricidad en condiciones de equidad y estabilidad. En tanto, la SENER tiene la tarea de articular la política energética en un entorno global que exige innovación tecnológica y cumplimiento de compromisos ambientales.
El impulso a la inversión mixta en generación eléctrica y en proyectos de hidrocarburos representa una oportunidad para conjugar el Estado con el dinamismo de los privados. Sin embargo, el éxito de estos esquemas dependerá de la certidumbre jurídica, la transparencia en los procesos de adjudicación y la capacidad institucional para evitar prácticas discrecionales.
Finalmente, la reactivación del sector petroquímico y la producción nacional de fertilizantes se contemplan como ejes estratégicos para fortalecer la soberanía alimentaria y generar un efecto multiplicador en la economía rural.
Alcanzar la justicia energética implica garantizar que el acceso a la energía no sea un privilegio, sino un derecho, que su generación contribuya al bienestar de la población mexicana sin poner en riesgos recursos no renovables. En ese sentido, el presupuesto 2026 ofrece una ruta clara, pero su verdadero éxito dependerá de la capacidad del Estado para transformar la planeación y la inversión en desarrollo sostenible.
