El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con medidas dirigidas a restringir sus operaciones financieras y cortar sus vínculos comerciales con empresas estadounidenses. El anuncio fue realizado el viernes 9 de octubre por el secretario de Estado, Marco Rubio, como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra el tribunal.
De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), las medidas contemplan prohibir transacciones con la institución, bloquear los activos de la Corte que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y establecer un plazo de seis meses para que empresas y personas de Estados Unidos concluyan sus relaciones comerciales con el organismo. Rubio sostuvo que Washington busca impedir que la CPI actúe contra ciudadanos estadounidenses e israelíes.
El secretario de Estado también pidió a los aliados de Washington, incluidos países miembros de la OTAN y Japón, que respalden su postura y presionen al tribunal. Advirtió que Estados Unidos continuará sus esfuerzos para desmantelarlo si considera que persisten las acciones contra sus intereses.
La administración Trump ya había iniciado esta ofensiva en febrero de 2025, cuando el presidente firmó una orden ejecutiva para sancionar a personas vinculadas con investigaciones de la CPI contra estadounidenses y aliados de Washington. Posteriormente, las medidas se extendieron a jueces y funcionarios del tribunal. La Casa Blanca argumenta que la Corte carece de jurisdicción sobre Estados Unidos y amenaza su soberanía; el organismo sostiene que debe actuar con independencia conforme al Estatuto de Roma.
La CPI rechazó las nuevas sanciones. Su fiscal adjunta, Nazhat Shameem Khan, declaró a Reuters que buscan debilitar el Estado de derecho internacional, pero aseguró que las investigaciones y los procesos judiciales continuarán.
El anuncio coincidió con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, defensora del derecho internacional y figura vinculada a investigaciones sobre crímenes internacionales. Sin embargo, AP precisó que las nuevas sanciones se preparaban desde antes del anuncio del Nobel, por lo que la coincidencia temporal no demuestra que una decisión haya provocado la otra.
El conflicto abre un nuevo frente entre Washington y las instituciones de justicia internacional, con posibles consecuencias para la cooperación de empresas y países aliados con la Corte.
