El gobierno de Donald Trump proyecta una inversión millonaria destinada a dotar al personal de control migratorio con equipamiento especializado que incluye guantes con capacidad de emitir pulsos eléctricos, una medida que ha generado el inmediato rechazo de diversos sectores sociales y agrupaciones civiles.
La adquisición, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional mediante un contrato estimado en 20 millones de dólares, contempla la compra de los dispositivos denominados CTG-5, cuya distribución concluiría en marzo de 2027 para ser entregados a los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Mientras las autoridades federales defienden la implementación de estos insumos bajo la clasificación de instrumentos para la disuasión y el control operativo, organizaciones de derechos humanos han manifestado su profunda preocupación ante el riesgo de un incremento en la violencia durante las detenciones.
Voceros de colectivos defensores de migrantes han manifestado su total inconformidad con estas acciones, señalando que el uso de este tipo de tecnología representa un método lesivo que vulnera la integridad física de las personas durante los operativos de deportación en las comunidades.
La controversia en torno a las operaciones del ICE se intensifica tras recientes incidentes violentos registrados en distintas regiones del país, lo que mantiene abierto el debate nacional sobre los protocolos de actuación y los límites en el uso de la fuerza pública.
