Personal del Poder Judicial de la Federación mantiene la suspensión total de actividades en al menos siete ciudades del país, incluida la Ciudad de México, como medida de protesta ante el esquema de evaluaciones de desempeño anunciado por la autoridad administrativa. La parálisis operativa se prolonga a pesar del acuerdo alcanzado el pasado sábado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sindicato laboral para suprimir cualquier elemento punitivo de dichos exámenes.
Los manifestantes condicionaron la reanudación de actividades a la formalización jurídica de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo. De forma puntual, la plantilla exige la entrega de garantías por escrito que aseguren la estabilidad en sus puestos de trabajo y confirmen la inexistencia de sanciones laborales derivadas de las evaluaciones. La exigencia busca que los acuerdos gremiales se traduzcan en modificaciones normativas de cumplimiento obligatorio para la autoridad.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial confirmó que las pruebas se llevarán a cabo los días 1, 4, 8, 14 y 15 de diciembre para secretarios, actuarios y oficiales. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la normativa regula los métodos, criterios y alcances del Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial. El ordenamiento fija la actuación de la Escuela Nacional de Formación Judicial en la instrumentación de las pruebas.
La autoridad administrativa enfatizó que la edición correspondiente a 2026 tendrá un propósito estrictamente diagnóstico, orientado a la capacitación continua y al fortalecimiento de la impartición de justicia. Se reiteró que la medición cualitativa y cuantitativa de conocimientos no supondrá afectaciones inmediatas en la permanencia o en los derechos laborales del personal evaluado, sirviendo únicamente como base institucional para diseñar futuros programas de formación interna.
