El Gobierno de Tailandia ordenó la suspensión total e indefinida en la emisión de licencias de armas de fuego para civiles y reforzó las medidas de seguridad escolar, luego de que un tiroteo masivo en un colegio secundario dejara un saldo de nueve personas muertas y decenas de heridos. El ataque fue perpetrado por un estudiante de 14 años, quien presuntamente asesinó a sus abuelos antes de irrumpir armado en la escuela Debsirin Nonthaburi.
Como respuesta inmediata al ataque, el ministro del Interior y primer ministro interino, Anutin Charnvirakul, firmó un decreto que congela la expedición de permisos civiles de armas, al tiempo que canceló de forma definitiva los programas que permitían a policías y funcionarios públicos adquirir armamento a bajo costo. Por su parte, el Ministerio de Educación presentó un plan de emergencia que obliga a las instituciones educativas a implementar detectores de metales en los accesos, la revisión de mochilas y evaluaciones de salud mental obligatorias para estudiantes.
Pese a las restricciones oficiales, analistas advierten sobre la dificultad de controlar el problema debido a la proliferación del mercado negro de armas. De acuerdo con datos de la organización Small Arms Survey, en el país circulan más de 10.3 millones de piezas en manos de civiles, de las cuales al menos 4.1 millones carecen de registro. Frente a este escenario, el Parlamento busca acelerar una reforma a la legislación de armas vigente desde 1947, para obligar a renovar permisos cada tres años, endurecer las penas por portación ilegal y evaluar una amnistía nacional para la entrega voluntaria de armamento clandestino.
