La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió la actuación del organismo frente a los cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores. Durante la sesión del Consejo General del 22 de octubre, afirmó que el Instituto continuará con sus responsabilidades y sostuvo que las críticas deben sustentarse en hechos comprobables.
“El INE es mucho más grande que cualquier persona, que cualquier coyuntura y que cualquier controversia”, declaró Taddei, de acuerdo con el comunicado oficial. También reconoció que la crítica y la fiscalización son legítimas, pero rechazó lo que calificó como intentos de debilitar la confianza en la institución mediante afirmaciones que deben comprobarse.
La declaración ocurre después de que publicaciones periodísticas señalaran posibles vínculos entre personas del entorno de la consejera presidenta y empresas proveedoras de material electoral, además de cuestionar algunas contrataciones. Los señalamientos también provocaron llamados a transparentar los procedimientos y revisar el uso de recursos públicos.
Durante la sesión, Marco Antonio Baños, representante del partido Somos, pidió que Taddei se separe temporalmente del cargo mientras se investigan las acusaciones. Por su parte, el representante legislativo del Partido Revolucionario Institucional solicitó su renuncia si no aclara los cuestionamientos. Estas peticiones constituyen posiciones de actores políticos, no resoluciones que acrediten responsabilidades.
La controversia también llegó al gobierno federal. Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar los señalamientos y hacer pública la información correspondiente, al considerar que se trata de recursos públicos.
Taddei ha rechazado que exista favoritismo hacia proveedores y ha defendido que las contrataciones deben sujetarse a las reglas aplicables. La revisión de los expedientes por las instancias competentes será clave para determinar si hubo irregularidades o conflictos de interés.
El caso coloca bajo escrutinio la transparencia de las compras del organismo electoral y la obligación de esclarecer las acusaciones sin dar por probadas responsabilidades que aún deben investigarse.
