El Tribunal Constitucional de Perú suspendió las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte durante su mandato que concluye el 28 de julio del próximo año. Esto después de que declarara «fundada una demanda competencial» interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la fiscalía y el Poder Judicial.
Boluarte estaba siendo investigada por su papel en la muerte de decenas de manifestantes tras llegar al poder a fines de 2022 y por supuesto «enriquecimiento ilícito» durante su gestión.
Además, tenía una investigación por presunto «abandono de cargo», tras una cirugía en la nariz a la que se sometió sin informar al Congreso que iba a dejar temporalmente sus funciones.
Boluarte, cuya popularidad se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos según encuestas, ha negado todas las acusaciones en su contra.