La cifra de fallecidos tras el cruce masivo de migrantes procedentes de Marruecos hacia el enclave español de Ceuta aumentó este domingo a al menos 72, luego de que las autoridades localizaran cinco cadáveres más a lo largo de la costa de la ciudad norteafricana, un saldo considerablemente superior al reportado inicialmente por el gobierno marroquí.
La oleada sin precedentes comenzó el jueves en una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, lo que desató la alarma en todo el bloque comunitario al registrarse el paso de más de 50 mil personas por tierra y mar. No obstante, las autoridades españolas informaron que más de 48 mil migrantes regresaron a territorio marroquí en un plazo inicial de 48 horas, sumando más retornos durante el transcurso del fin de semana.
Miguel Ángel Pérez, representante del gobierno español en Ceuta, declaró a los medios que, además de los 72 decesos confirmados, más de mil personas recibieron atención médica desde el inicio de la crisis. Asimismo, señaló que si bien la situación en la demarcación ha mejorado notablemente, todavía se requiere un esfuerzo considerable para lograr el restablecimiento total de la normalidad.

Los sucesos cobraron vidas debido a que algunos migrantes se ahogaron en el trayecto, mientras que otros sufrieron aplastamientos al intentar escalar el rompeolas y la valla fronteriza impulsados por dificultades económicas y rumores difundidos en redes sociales. Por su parte, el Ministerio del Interior de Marruecos cifró en 11 los muertos en su reporte oficial —la mayoría por ahogamiento— y estimó en 40 mil los participantes de la travesía, añadiendo que se bloqueó el ingreso de mil 135 personas a Melilla.
Ambos gobiernos coincidieron en atribuir la avalancha migratoria a la desinformación en plataformas digitales, a la acción de las redes de tráfico de personas y a una mala interpretación de la normativa sobre devoluciones. Finalmente, el ejecutivo marroquí reafirmó su compromiso inquebrantable en el combate a la migración ilegal y exigió una mayor corresponsabilidad internacional en la gestión de esta problemática.








