La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo oficiales las primeras medidas concretas tras el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que el país no dejará impunes los decesos de 17 connacionales ocurridos bajo la custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A través de un comunicado, la cancillería confirmó que el lunes 13 de julio se activó una estrategia articulada en cuatro frentes simultáneos para castigar a los responsables y presionar por un cambio estructural en los centros de detención norteamericanos:
Vía Penal Federal: Denuncia ante el Departamento de Justicia. En una acción coordinada entre la SRE y la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobierno de México presentará una denuncia penal formal directamente ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El documento, destinado a perseguir posibles delitos criminales por parte de los agentes federales o administradores involucrados, será entregado formalmente en Washington a través de la Embajada de México.
Presión Local: Denuncias ante fiscalías Estatales. A sabiendas de que la justicia federal estadounidense puede ser un camino burocrático, México ha decidido abrir un segundo frente penal a nivel local. Utilizando todo el peso de su red consular y la propia representación diplomática, se comenzaron a interponer denuncias formales ante las fiscalías de los estados específicos donde se registraron las fatalidades, buscando que las jurisdicciones estatales ejerzan acción penal de manera inmediata.
Freno a la Negligencia: Órdenes de «Cese y Desistimiento» Civiles. Por primera vez, el brazo legal de la SRE va directo contra el negocio de la detención migratoria. La Consultoría Jurídica de la dependencia inició el envío de notificaciones de cese y desistimiento (cease and desist) a corporaciones privadas y prisiones que albergan migrantes.
El primer golpe normativo fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, una instalación señalada críticamente por acumular la muerte de cuatro ciudadanos mexicanos. El Gobierno de México exige frenar de inmediato las omisiones que detonaron estas tragedias, tales como el bloqueo deliberado a la atención médica pronta y expedita, así como el uso de protocolos penitenciarios incompatibles con la salud humana. Estas cartas advierten formalmente el inicio de futuras demandas civiles multimillonarias por daños y perjuicios.
Internacionalización del Caso ante la ONU. La estrategia de la administración de Sheinbaum no se limitará a los tribunales estadounidenses. El titular de la SRE envió un informe detallado a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Con este recurso, México exige formalmente que la ONU intervenga solicitando información oficial al gobierno de EE. UU., evalúe si los hechos violan los tratados internacionales firmados por la potencia norteamericana y turne de inmediato el expediente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El despliegue de este andamiaje jurídico ocurre luego de que México emitiera notas diplomáticas de protesta que fueron ignoradas por las contrapartes estadounidenses. Con esta determinación, la actual administración de México redefine su relación con las agencias fronterizas de EE. UU., elevando el costo político y legal de los abusos contra la comunidad migrante.
