Ante la difusión pública sobre el caso de embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) lanzó un llamado enérgico a los medios de comunicación, plataformas digitales y usuarios de redes sociales para detener la sobreexposición pública y divulgación de información que permita identificar a la menor o profundice su revictimización.
El organismo advirtió que el interés periodístico no justifica bajo ninguna circunstancia exponer la historia clínica, el entorno familiar o los detalles de la agresión. Recordó que los artículos 76, 77, 79 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el artículo 279 Ter del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, prohíben explícitamente la divulgación de datos, imágenes o elementos que conduzcan a la identificación directa o indirecta de la víctima.
La prohibición legal comprende la publicación de nombres, fotografías de su domicilio, escuela o entorno, así como versiones familiares, testimonios o narrativas que la estigmaticen o presenten erróneamente como “pareja” de una persona adulta. El organismo enfatizó que esta restricción se mantiene estricta incluso si las imágenes son difuminadas o se omite el nombre principal, siempre que el conjunto de los datos difundidos vulnere su intimidad.
Ante expresiones graves de violencia sexual tipificadas como violación conforme al artículo 275 de la legislación penal estatal, el SIPINNA subrayó que la protección de los derechos y la dignidad de la infancia está por encima de cualquier ejercicio informativo, exigiendo a las plataformas y comunicadores conducirse con estricta perspectiva de derechos humanos y de niñez.
El organismo subrayó que este hecho no corresponde a una “relación de pareja” ni a un embarazo susceptible de normalizarse, sino a un delito tipificado en el artículo 275 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el cual equipara a la violación la cópula con menores de 15 años sin mediar violencia, invalidando cualquier supuesto consentimiento o vínculo afectivo.
Ante este escenario, la institución reconoció la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y exigió que las diligencias se conduzcan de manera pronta, exhaustiva e imparcial con perspectiva de género y de niñez. La autoridad ministerial deberá esclarecer los hechos, identificar a los responsables, indagar posibles omisiones en el deber de cuidado y garantizar que la conducta delictiva no quede impune.
