El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la reforma legal que tipifica formalmente como delito el reclutamiento e incorporación de niñas, niños y adolescentes a actividades de la delincuencia organizada. La modificación al marco normativo local fija sanciones base que van de los 10 a los 20 años de prisión, además de la imposición de multas económicas para quienes incurran en este ilícito dentro del territorio estatal.
La nueva legislación contempla agravantes específicas que permitirán incrementar las condenas fijadas hasta en una mitad adicional, con lo que las penas podrían alcanzar los 30 años de cárcel en los casos más graves. Con este ajuste punitivo, los legisladores buscan frenar el avance de las redes delictivas en la cooptación de sectores vulnerables y castigar con mayor severidad a las estructuras criminales operantes.
Asimismo, el dictamen aprobado por el pleno obliga a las autoridades gubernamentales a implementar protocolos especializados para la detección oportuna, protección integral y restitución de derechos de las víctimas. Con estas medidas, se pretende garantizar que los menores rescatados de estos esquemas reciban la atención psicológica y jurídica necesaria para su reintegración social.
