El Gobierno de México presentó esta mañana un informe completo sobre la estrategia nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas, en el que destaca avances en materia de coordinación institucional, fortalecimiento legal y uso de herramientas tecnológicas, subrayando que esta problemática tiene raíces históricas diferenciadas, desde la llamada “Guerra Sucia” del siglo XX hasta el incremento de casos a partir de 2006, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
Como parte del marco normativo, en 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual permitió la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y fiscalías especializadas en las entidades federativas.
Además, en 2025 se impulsó una reforma clave que fortaleció los mecanismos de investigación y coordinación entre autoridades.
Entre las principales medidas recientes destaca la creación de la Plataforma Única de Identidad, que permite rastrear a personas mediante su CURP en bases de datos públicas y privadas, así como la implementación de una Alerta Nacional de Búsqueda que activa de manera inmediata la difusión de fichas en todo el país e incluso a nivel internacional, mediante mecanismos como la ficha amarilla de INTERPOL.
66% del total de personas desaparecidas se han localizado
El informe lo presentaron Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Derecho Humanos, Arturo Félix Medina.
Es este detallaron que, de un total de 394 mil 645 registros históricos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 262 mil 111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66% del total. De estas, el 92% fueron encontradas con vida, mientras que en el 96% de los casos la localización no estuvo relacionada con la comisión de un delito.
Asimismo, se indicó que actualmente existen 132 mil 534 registros de personas que continúan como desaparecidas, mientras que una parte importante de los casos presenta inconsistencias o falta de información.
En particular, se identificaron 46 mil 742 registros con datos insuficientes, lo que ha dificultado el inicio de investigaciones, motivo por el cual ahora es obligatorio contar con datos mínimos de identidad en cada reporte.
Fortalecido metodologías y capacidades forenses
Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades han implementado metodologías científicas, análisis de datos y visitas domiciliarias para confirmar indicios de vida.
También se han fortalecido las capacidades forenses y se integraron equipos multidisciplinarios con especialistas en áreas como criminología, antropología y análisis de telecomunicaciones.
El gobierno federal destacó que más de 500 instituciones participan en estas tareas, incluyendo fiscalías, comisiones de búsqueda, empresas privadas y organismos internacionales.
Además, se han realizado mesas de diálogo con colectivos de familiares, con el objetivo de construir políticas públicas conjuntas y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas de este delito.
