La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la iniciativa de la nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, la cual será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el proyecto fue elaborado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para proteger, cuidar, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, detalló que esta nueva Ley es indispensable ante los nuevos desafíos ambientales que enfrenta el planeta.
Señaló que actualiza la legislación vigente desde 1988 y plantea una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza.
De acuerdo con la titular de Semarnat, la iniciativa incorpora herramientas novedosas para atender los retos ambientales, brinda certeza jurídica a comunidades e inversiones, integra avances científicos, tecnológicos y de innovación con los saberes ancestrales, y fortalece la prevención y restauración con participación ciudadana.
Entre sus objetivos principales, la ley busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de niñas y niños, asegurar el acceso a la información y a la justicia ambiental, evitar daños ecológicos, y proteger los derechos de personas y comunidades frente a la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
También contempla menos basura y más reciclaje, el saneamiento de ríos, barrancas y playas, así como la protección de especies emblemáticas y la recuperación de ecosistemas.
La iniciativa se sustenta en 10 principios rectores: que el patrimonio natural es el fundamento de la vida; que no puede haber justicia social sin justicia ambiental; prevenir antes que reparar; conservar y restaurar para construir futuro; conocimiento para sustentar acciones ambientales; gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo; propiciar una cultura ambiental; transitar de una economía que desecha a una que aprovecha; cuidar a quienes defienden la naturaleza; y asumir que proteger el patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.
Con esta propuesta, el Gobierno de México busca establecer un nuevo marco jurídico ambiental que coloque la justicia ambiental al centro de las políticas públicas y del modelo de desarrollo nacional.
