La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por la que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
La iniciativa prevé que el delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley se investiguen y persigan de oficio. Expone sanciomnes de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Propone sancionar a quienes auxilien o cooperen con el autor en la comisión del delito o a quien introduzca o intente introducir a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o sus componentes, mismos que generalmente son utilizados para cometer conductas extorsivas.
El documento fue enviado a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. Menciona que el pasado 9 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal.
También del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El proyecto busca expedir una ley general que establezca, como mínimo, un tipo penal único del delito de extorsión aplicable para todo el país, homologue sus sanciones, visibilice las principales modalidades de su comisión por medio de agravantes y tipifique las conductas delictivas.
“Su presencia, expansión y sofisticación se explican en virtud de sus propias características, así como en la pluralidad de medios e instrumentos comisivos que se emplean, tales como herramientas telefónicas, electrónicas y a través de tecnologías de apoyo que le permiten a la persona agresora no tener contacto directo con la víctima”, dice la iniciativa.
Con dicha Ley se busca establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados.
