La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas, las cuales buscan salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes.
Durante la sesión ordinaria, el Pleno recibió y turnó a comisiones las iniciativas; una plantea reformar diversas disposiciones de las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, y la otra expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía.
La primera tiene como finalidad la protección de derechos de las personas que se dedican al doblaje, principalmente por su uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial (IA) y la consecuente salvaguarda de sus derechos laborales.
Asimismo, adecúa la ley autoral para posibilitar la aplicación de la Ley General de Mecanismos Alternativas de Solución de Controversias, ampliando las posibilidades de solución y acuerdos para las personas creadoras, intérpretes y ejecutantes, antes de someter sus controversias a procedimientos seguidos en forma de juicio.
En la Ley Federal del Trabajo se establece que, salvo consentimiento expreso libre, informado y que medie remuneración entre las partes, quedará prohibida la reproducción total o parcial de artistas intérpretes y ejecutantes con fines ajenos a la realización de las unidades de tiempo, una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones actuaciones por medio de herramientas tecnológicas computacionales o cualquier otro medio relacionado, conocido o por conocer.
Propone imponer multa, por el equivalente de 1000 a 5000 Unidades de Medida y Actualización al que contravenga lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta, sin que su monto exceda del doble del máximo.
La segunda iniciativa busca expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía, con el objetivo de fomentar y regular la producción, distribución, difusión y promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales.
Además, garantizar el derecho humano de acceso a la cultura, reconocido en el Artículo 4o. de la Constitución Política, a través de una política articulada por el Estado mexicano en torno al cine y el audiovisual mexicano que, por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa que constituye una actividad cultural esencial para todas las personas.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Cultura y Cinematografía y a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
