Delitos de secuestro y contra la salud: José “G”
La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo sentencia condenatoria en contra de José “G”, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión de clorhidrato de cocaína.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero, realizó la diligencia y determinó que, en 2013, las autoridades aprehendieron en flagrancia a esta persona en Acapulco de Juárez, mientras mantenía a una víctima privada de la libertad.
Además, se encontraba en posesión de clorhidrato de cocaína, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente. En días recientes, tras una serie de procedimientos judiciales resueltos por el Ministerio Público de la Federación (MPF), el Juez Octavo de Distrito con sede en esa misma ciudad, decretó sentencia de 29 años 10 meses de prisión.
José “G” también deberá pagar una multa de 259 mil pesos, por los delitos mencionados. El ahora sentenciado cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 «CPS-OAXACA».
Homicidio calificado: Víctor “I”
Por otro lado, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Colima, se obtuvo sentencia condenatoria en contra de Víctor “I” por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).
En junio de 2015, los elementos de la PFM realizaban actos de investigación sobre la venta de narcóticos en el andador Brasil, en la colonia La Cruz, Delegación Santiago, en Manzanillo, cuando varios sujetos les dispararon con armas de fuego.
Los agresores utilizaron un arma de fuego corta, y los agentes aseguraron el arma para entregarla al Ministerio Público de la Federación (MPF). El MPF realizó las investigaciones necesarias y acreditó ante el Juez la responsabilidad penal del hoy sentenciado.
El juez sentenció a Víctor “I” a 53 años y tres meses de prisión, además de ordenarle pagar la reparación del daño por el delito de homicidio calificado cometido contra servidores públicos federales.
