En un golpe contundente a las estructuras logísticas de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció la sentencia de 25 años de prisión para Servando Corona Peñaloza, alias «Armani». El ciudadano mexicano, de 38 años, fue hallado culpable de orquestar una compleja operación que combinaba la distribución masiva de fentanilo y metanfetamina con el contrabando de armamento de grado militar hacia México.
Una operación dirigida desde la celda
Lo más alarmante del caso, según revelaron las investigaciones de la DEA y la ATF, es que Corona Peñaloza coordinaba las transacciones de drogas y armas mediante un teléfono celular de contrabando mientras cumplía una condena de 30 años en una prisión estatal de Georgia. Desde su encierro, «Armani» fungía como intermediario para un importante cártel mexicano, supervisando la entrega de cargamentos que superaban los 1,000 kilogramos de metanfetamina.
Arsenal militar para el narcoterrorismo
La red criminal no solo se limitaba al narcotráfico; las ganancias obtenidas eran reinvertidas en un robusto esquema de tráfico de armas en el área de Atlanta. Bajo las órdenes de Corona, un grupo de «compradores testaferros» adquirió al menos 223 armas de fuego, incluyendo fusiles Barrett calibre .50, ametralladoras M249S (versiones civiles del arma automática del Ejército de EE. UU.) y fusiles M240.
El valor del armamento superaba los 700,000 dólares. Estas armas eran ocultas en compartimentos secretos de vehículos y tanques de gasolina para ser enviadas a México, donde eran utilizadas por grupos narcoterroristas.
Cómplices y lavado de dinero
La organización contaba con una estructura financiera encabezada por Teresa González Hoopo y Berenice Macías Montes, quienes blanqueaban el capital mediante aplicaciones como CashApp para fondear la compra de armas. Ambas mujeres, de nacionalidad mexicana, fueron sentenciadas a casi cuatro años de prisión y enfrentarán un proceso de deportación.
En total, 15 miembros de la red ya han sido sentenciados, con penas que oscilan entre uno y diez años de cárcel, mientras que otros dos acusados esperan su condena en los próximos meses. Este caso subraya la estrecha relación entre el consumo de drogas en EE. UU. y la violencia armada en México, así como el desafío que representa la vigilancia en los sistemas penitenciarios.
