La legisladora federal demandó al gobierno capitalino transparentar las nuevas facultades de la corporación para evitar opacidad y extorsiones; alertó sobre la falta de capacitación vial del cuerpo complementario y el desfase estadístico en el Portal de Datos Abiertos.
Ciudad de México. La senadora por la Ciudad de México, Guadalupe Chavira de la Rosa, se pronunció de manera formal para exigir que el gobierno de la capital aclare, fundamente y transparente la incorporación de la Policía Auxiliar en las tareas de imposición de multas de tránsito. La legisladora argumentó que dicho cuerpo de fuerza cuenta con una naturaleza jurídica y operativa distinta al control vehicular.
Objeciones por capacitación técnica y el marco de la corporación A través de un comunicado emitido este miércoles, la exalcaldesa de Milpa Alta manifestó que, si bien existe un voto de confianza hacia las determinaciones del gabinete que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, resulta indispensable dotar de certidumbre jurídica a la población civil. Chavira de la Rosa advirtió que expandir las facultades punitivas a agentes que originalmente no pertenecen a las aduanas de vialidad podría contravenir normativas locales y vulnerar las garantías de los automovilistas.
Las inconsistencias normativas y operativas expuestas por la senadora federal se estructuraron bajo los siguientes criterios de control:
- Naturaleza del Cuerpo: Recordó que la Policía Auxiliar está constituida para proporcionar servicios especializados de protección, custodia y vigilancia a personas físicas o morales de los sectores público y privado a cambio de una contraprestación económica.
- Falta de Adiestramiento Vial: Detalló que, aunque la corporación actúa como coadyuvante obligatoria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para preservar el orden público, sus integrantes no poseen la capacitación técnica de origen en materia de reglamentos de tránsito.
- Riesgo Regulatorio: Urgió a la administración local a evaluar si este cambio de atribuciones temporales requiere de reformas o ajustes legales profundos en el Congreso de la Ciudad de México para evitar lagunas procedimentales.
Estadísticas del INEGI sobre corrupción: La senadora sustentó la pertinencia de su reclamo citando los indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las métricas de control civil revelaron que la policía de tránsito es percibida por el 75.3 por ciento de la población mayor de 18 años como la autoridad más corrupta del país, ubicando a la Ciudad de México y al Estado de México en el primer lugar de esta incidencia.
Chavira de la Rosa enfatizó que la capital fue pionera en la digitalización de los procesos sancionatorios con el propósito expreso de mitigar los sobornos presenciales en la vía pública; no obstante, lamentó que sigan proliferando denuncias y videos virales en redes sociales que documentan extorsiones directas contra choferes y motociclistas civiles.
Opacidad y desfase en el Portal de Datos Abiertos En el plano de la rendición de cuentas y la fiscalización hacendaria, la legisladora denunció la existencia de vacíos informáticos dentro de las plataformas oficiales de transparencia. Sostuvo que el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México exhibe una estadística desfasada que únicamente da cuenta de cerca de 250 mil infracciones de tránsito contabilizadas mediante dispositivos electrónicos hasta noviembre de 2025, careciendo por completo de registros consolidados del presente año fiscal 2026.
Finalmente, la senadora señaló que los reportes institucionales tampoco aclaran cuántas multas se han emitido bajo la modalidad manual o presencial en las aduanas viales, ni el estatus de las sanciones internas aplicadas por la SSC a los malos elementos. Por ello, instó a un riguroso control de confianza para impedir que la nueva medida genere un problema de mayor incertidumbre ciudadana.
