Previa aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en funciones, Sergio Gutierrez Luna, declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial. 

Pasa al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Este mismo viernes, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, también realizó la declaratoria de la reforma constitucional conocida como reforma judicial. 

Las legislaturas locales que aprobaron la reforma judicial fueron las de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

Fue el pasado 5 de febrero cuando el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia de Poder Judicial.

Tuvo un amplio análisis en foros de parlamento abierto en diversas entidades del país, donde se escucharon las opiniones a favor y en contra, así como propuestas de ministros, jueces, magistrados, especialistas, académicos.

Luego de su trámite en las comisiones respectivas, el Congreso de la Unión avaló la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. En la Cámara de Diputados el proyecto se aprobó el 4 de septiembre; mientras que en el Senado de la República el proceso culminó la madrugada del 11 de septiembre.

Con 41 votos a favor, el Congreso de Oaxaca avaló la reforma constitucional al Poder Judicial, convirtiéndose en el primero del país en respaldar esta modificación federal. La madrugada de este miércoles el Pleno de la LXV Legislatura local sesionó para analizar, discutir y avalar la minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Sergio López Sánchez, celebró que el Congreso de Oaxaca, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea el primero del país en legislar para respaldar esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Un paso firme hacia la creación de un sistema más ágil, que responda con prontitud y eficacia a las demandas de nuestros ciudadanos”, señaló.

Resaltó que, con este cambio, se tiene como objetivo “fortalecer la independencia del Poder Judicial, garantizar la imparcialidad de jueces; agilizar los procesos judiciales, combatir la corrupción y la impunidad”.

“Ha llegado el momento de implementar reformas profundas que garanticen la autonomía e independencia del Poder Judicial, pues no se trata de una cuestión de técnica, nos encontramos ante el reto de una justicia social, es momento de que nuestros tribunales sean verdaderos instrumentos de justicia y no solo el reflejo de los intereses de unos pocos”, declaró.

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular el contenido de la reforma al Poder Judicial, por lo que remitió el proyecto de decreto a los congresos estatales para su consideración y, en su caso, aprobación.

El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT y de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, contra 41 votos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Luego, senadores de los diferentes grupos parlamentarios presentaron sus reservas para modificar diversos artículos, pero no fueron aceptadas por la asamblea.

De esta manera, con 86 votos a favor y 41 en contra, las y los senadores avalaron los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122, 123, y los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Decimo Primero y Décimo Segundo, en los términos del dictamen.

La reforma constitucional reduce de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, define un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.

También elimina el Consejo de la Judicatura Federal, en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones, funcional y orgánicamente separado de la SCJN.

Asimismo, prevé un Tribunal de Disciplina Judicial que estará compuesto por cinco magistraturas elegidas también mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones.

Dicho Tribunal tendrá facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las y los servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.

El dictamen establece que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República.

Y dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.