La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira de la Rosa, comentó que la reforma al Poder Judicial ha sido un avance sustancial para la aplicación de justicia, pero todavía hay retos para homologar criterios en todo el país, sobre todo en derechos para los pueblos indígenas y afromexicanos, de igualdad para las mujeres, autonomía frente a los poderes locales y una impartición de la justicia desde las necesidades regionales.
Durante la reunión de trabajo con integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), la legisladora subrayó que, de cara a nuevas reformas como la construcción de la Ley Indígena que regulará el artículo 2º constitucional, es necesario reforzar el trabajo de la justicia administrativa porque es la más cercana a la gente y la que debe dictar soluciones rápidas y apegadas a las formas de organización social de las regiones.
Autonomía y modernización digital
A ello, el presidente de la AMTRIJA, magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez, manifestó el respaldo de los magistrados del país para apoyar en la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, y planteó ante el Senado la necesidad de reformas que permitan la autonomía en los estados; así como la urgencia de canalizar recursos para aterrizar los juicios digitales y la interconexión, que actualmente no garantiza la seguridad cibernética en todo el país para el envío de expedientes al Poder Judicial en materia de amparo.
En el encuentro, la senadora Chavira de la Rosa recordó los avances en la Ciudad de México con figuras como la mediación, herramienta que podría replicarse en otras entidades para agilizar juicios en los tribunales. Subrayó que, en sus recientes giras realizadas, la población demanda la solución de conflictos como el de Playa Cocinas, Nayarit, donde exigen la defensa ambiental de su territorio, o la comunidad Comcáac, de Sonora, donde hay un reclamo justo por la explotación de la Isla Tiburón, donde se permite la caza cinegética sin retribución a la población.
Chavira de la Rosa remarcó que, en el caso de la consulta indígena, el Senado debe ser parte fundamental para aterrizar los derechos plasmados en el texto constitucional y garantizar que se preserven los usos y costumbres, con una aplicación e impartición de justicia administrativa adaptada a las diferentes regiones, “porque es un hecho que no ha avanzado lo suficiente en algunos estados”. Finalmente, puntualizó que desde el Senado están dispuestos a acompañar las demandas de este sector de la impartición de justicia.
