Durante el primer trimestre de 2026, la dependencia federal aplicó 28 inhabilitaciones a empresas y particulares; el Instituto Mexicano del Seguro Social figura como la entidad con la mayor cantidad de contratistas penalizados.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó su informe de fiscalización correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. A través del comunicado número 050, la dependencia federal notificó la aplicación de sanciones administrativas y económicas en contra de 32 personas físicas y morales por incurrir en violaciones directas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los indicadores reflejan un promedio de 2.6 contratistas sancionados cada semana.
Montos financieros y esquema de inhabilitaciones: El balance de las resoluciones administrativas ejecutadas por los órganos de control interno detalla que el monto global de las multas económicas impuestas asciende a 15,677,000 pesos. De igual manera, se dictaminaron un total de 28 inhabilitaciones oficiales, las cuales prohíben a las empresas y particulares participar (ya sea de manera directa o mediante prestanombres e intermediarios) en cualquier procedimiento de contratación o celebración de convenios con la Administración Pública Federal por plazos que oscilan entre los 3 meses y los 2 años.
De acuerdo con el desglose del expediente de fiscalización, la causa principal que motivó la intervención de la autoridad fue la presentación de documentación e información falsa durante los concursos de licitación, acumulando 24 casos del total registrado. Asimismo, el análisis por dependencia sitúa al Instituto Mexicano del Seguro Social como la institución del Estado que concentró el mayor volumen de proveedores penalizados, sumando 14 registros de incumplimiento.
Distribución por sectores comerciales: Las actividades económicas de los contratistas sancionados muestran una diversificación dentro de los requerimientos operativos gubernamentales, ordenándose porcentualmente de la siguiente manera:
- Prestación de servicios generales: 37.5 por ciento.
- Insumos y servicios del sector salud: 34.37 por ciento.
- Adquisición o arrendamiento de bienes muebles: 15.62 por ciento.
- Obras de infraestructura y construcción: 12.5 por ciento.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puntualizó que todas las empresas implicadas recibieron las notificaciones legales correspondientes en sus domicilios fiscales. Los fallos definitivos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y las identidades de las personas físicas y morales quedaron asentadas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados para consulta de los comités de adquisiciones del país, con lo cual la dependencia reafirmó la política de cero tolerancia a la impunidad en las compras públicas.
