Como en toda puesta en escena institucional, el Congreso ha dejado atrás el intermedio. Con la conclusión de los trabajos de la Comisión Permanente, se apagan las luces del entreacto y el telón vuelve a levantarse para dar paso al segundo acto del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura. Regresan al pleno los personajes centrales, el libreto se vuelve más exigente y las decisiones dejan de ensayarse para representarse en tiempo real. Ya no hay lugar para ajustes de utilería, comienza la función ordinaria, aquella en la que el Congreso debe demostrar si el guion anunciado en la agenda legislativa se traduce, efectivamente, en leyes con impacto real en la vida pública del país.
La agenda es particularmente densa, tanto por su alcance técnico como por sus implicaciones políticas y sociales. Será un periodo marcado por reformas estructurales en temas de justicia, desarrollo económico, los derechos laborales y protección de derechos fundamentales.
Uno de los ejes más relevantes es la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, iniciativa de la Presidenta de la República ya aprobada por el Senado. Se trata de una reforma de corte predominantemente procedimental, pero de enorme trascendencia institucional. Su objetivo no es redefinir el modelo de justicia administrativa, sino hacerlo funcional al nuevo marco constitucional, garantizando una tutela judicial efectiva. La apuesta es clara, más eficiencia sin sacrificar debido proceso, equidad procesal ni seguridad jurídica.
En el ámbito económico, la reforma a la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional busca actualizar un marco normativo que quedó rezagado frente a transformaciones profundas, particularmente el fenómeno del nearshoring. Aquí, el Congreso enfrenta una disyuntiva clásica: limitarse a acompañar la lógica del mercado o asumir un papel activo en la corrección de desigualdades territoriales.
En materia penal, dos minutas provenientes del Senado concentran buena parte del debate. La reforma al Código Penal Federal en materia de abuso sexual representa un cambio de paradigma al colocar el consentimiento en el centro del tipo penal y establecer de manera expresa que el silencio o la falta de resistencia no constituyen manifestaciones de voluntad. No es una reforma menor, implica transformar prácticas institucionales y culturales profundamente arraigadas.
Por su parte, la minuta sobre delitos contra el ambiente y gestión ambiental obliga a una revisión cuidadosa de los ajustes introducidos por la colegisladora, particularmente en lo relativo al régimen de sanciones y a la incorporación de nuevas excluyentes de delito.
Otro tema que marcará la agenda es la iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aunque aún en análisis en el Senado, su eventual llegada a la Cámara de Diputados anticipa un debate intenso. El equilibrio entre eficacia, seguridad y derechos humanos será la línea fina que el Congreso deberá cuidar para evitar soluciones excepcionales que, en el largo plazo, erosionen garantías fundamentales.
Uno de los temas que concentra mayor atención ciudadana es la llamada Reforma Laboral para reducir la jornada a 40 horas semanales, que se perfila como uno de los debates de mayor impacto social del periodo. La propuesta abre una disyuntiva política de fondo para el Congreso, optar por una transformación sustantiva que coloque en el centro el bienestar de la clase trabajadora y atienda uno de los problemas estructurales más persistentes del mercado laboral mexicano, o limitarse a una reforma gradual y descafeinada, incapaz de modificar de manera real las condiciones de sobrecarga laboral que afectan a millones de personas.
Adicionalmente, la agenda legislativa debe incorporar las iniciativas orientadas a fortalecer los mecanismos de control del poder y de rendición de cuentas. Se destaca la propuesta para retirar el fuero a representantes populares, que reabre el debate sobre la igualdad ante la ley y los alcances de las inmunidades parlamentarias. En la misma lógica se inscribe la iniciativa en materia de fiscalización, que plantea un rediseño del modelo de fiscalización superior para hacerlo más ágil, transparente y efectivo. A ello se suma la iniciativa para el fortalecimiento de la consulta popular y la revocación de mandato como instrumentos complementarios de la democracia representativa, mediante la homologación de fechas con los procesos electorales ordinarios, el aprovechamiento de la infraestructura existente, el impulso a la participación ciudadana y una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.
A estos temas se suman reformas de gran calado que, aunque aún se encuentran en una etapa preliminar, anticipan debates de alta intensidad. Entre ellas destaca de manera central la reforma electoral, llamada a convertirse en una de las más relevantes, y probablemente más controvertidas, del periodo, por sus implicaciones directas en las reglas de la competencia política y en el funcionamiento del sistema democrático. Junto a ella aparecen la reforma migratoria, el reconocimiento y ampliación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, el límite a jubilaciones y pensiones, así como los ajustes en materia de transferencia tecnológica. Su sola inclusión en la agenda confirma que el periodo legislativo no será de trámite, sino de definiciones estratégicas para el rumbo institucional del país.
Así, con el telón ya levantado y el público atento, el segundo acto de la LXVI Legislatura no admite improvisaciones. La pregunta que quedará al final de la función no será si la obra fue técnicamente correcta, sino si estuvo a la altura del momento histórico y de las expectativas sociales. Porque, en política como en el teatro, no basta con que la función continúe, importa, sobre todo, que lo que se represente tenga sentido, coherencia y un impacto real más allá del escenario parlamentario.
