La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de Quintana Roo incurrió en una omisión legislativa al no establecer acciones afirmativas que garanticen, en condiciones materiales de igualdad, la participación política de las personas con discapacidad. Tras validar el Decreto 257 de reforma a la Constitución estatal, el Pleno del Máximo Tribunal vinculó al Poder Legislativo local para que elabore y apruebe la legislación pertinente, previa consulta a dicho grupo social, antes del inicio de la veda electoral del proceso local de 2030.
En resoluciones previas vinculadas a este expediente, el Pleno ya había avalado las modificaciones relativas al sistema de representación proporcional para las diputaciones locales, descartando la necesidad de una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos al considerar que las normas impugnadas no provocaban un impacto diferenciado en sus derechos. Sin embargo, en el análisis de las medidas de inclusión, el Alto Tribunal concluyó que la norma vigente deja en desprotección el derecho de representación de la comunidad con discapacidad.
Asimismo, esta sentencia sentó un precedente clave al fijar que basta una mayoría simple de cinco votos en el Pleno para declarar la existencia de una omisión legislativa en acciones de inconstitucionalidad. La Corte precisó que no existe un umbral constitucional que exija una votación calificada para este tipo de fallos, alineando este criterio con la jurisprudencia previa y con el actual diseño constitucional de la justicia federal.
