La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, interponga juicios de amparo en representación de los intereses patrimoniales del Estado.
Con una votación de siete a favor y dos en contra, el pleno revocó el fallo de un Tribunal Colegiado que negaba legitimidad a la dependencia. La resolución se enmarca en un caso donde 16 exservidores públicos de administraciones pasadas son señalados por presuntas irregularidades contractuales en la construcción de ocho centros penitenciarios, lo que supuso una afectación superior a 5 mil millones de pesos.
A propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la SCJN determinó que la gestión de recursos federales comprometidos justifica la existencia de una afectación patrimonial directa. Con esta decisión, el tribunal correspondiente deberá admitir la demanda presentada por la SSPC.
Varios de los exservidores públicos fueron subordinados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública; y algunos enfrentan procesos por diversos delitos.
