La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la impugnación del PRI y validó la nueva comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar la integridad de aspirantes a cargos públicos y prevenir la infiltración de la delincuencia. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf ratificó la constitucionalidad de la normativa en la materia.
Durante el Pleno se explicó que el INE recibirá listados de personas que, de forma voluntaria y confidencial, acepten una evaluación de riesgo coordinada con autoridades de seguridad e inteligencia financiera. Esta medida es preventiva e informativa para dotar de mejores elementos a los partidos políticos y candidaturas independientes en su toma de decisiones.
La SCJN subrayó que el mecanismo no vulnera el derecho a ser votado ni fija requisitos adicionales de elegibilidad. Además, la Comisión de Verificación de Integridad —presidida por el consejero Arturo Chávez— respeta el principio de presunción de inocencia, ya que un «riesgo razonable» no frena candidaturas ni constituye una sanción penal.
Finalmente, el Alto Tribunal resolvió que la colaboración entre el INE y el Gabinete de Seguridad no invade la autonomía electoral ni las atribuciones locales, desarticulando los señalamientos del partido opositor sobre la protección de datos personales.
