La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer este miércoles dos amparos promovidos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con el propósito de resolver si una persona extraditada desde Estados Unidos puede ser procesada en territorio mexicano por delitos diferentes a los que motivaron su entrega inicial.
El asunto llegó al Máximo Tribunal por remisión del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el cual solicitó resolver —a través de los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024— si el exmandatario estatal cuenta con el derecho de audiencia y defensa previa antes de enfrentar cargos adicionales.
El núcleo de la controversia se centra en la aplicación de la «regla de especialidad», estipulada en el artículo 17 del tratado de extradición bilateral entre México y Estados Unidos, la cual condiciona la ampliación de cargos a la autorización formal del Estado que concedió la entrega.
Antecedentes del caso y batalla legal. César Duarte fue extraditado a México en junio de 2022 para responder por los delitos de asociación delictuosa y peculado agravado por un monto superior a los 96 millones de pesos.
Posteriormente, en 2023, el exgobernador promovió un juicio de amparo bajo el argumento de que el Estado mexicano solicitó el consentimiento estadounidense para procesarlo por otra causa penal sin garantizarle su derecho de audiencia. En su momento, una jueza federal resolvió a su favor, invalidando la audiencia inicial celebrada en agosto de ese año, dejando sin efectos la orden de aprehensión complementaria y ordenando su libertad respecto a esa causa.
Sin embargo, las autoridades federales interpusieron recursos de impugnación al argumentar que la anuencia del gobierno estadounidense constituye un acto de cooperación diplomática internacional y no un proceso nuevo de extradición, por lo que el reclamado carecería de derecho de audiencia en dicha fase. Ante la relevancia constitucional y el impacto interpretativo del caso, el Pleno de la SCJN determinó asumir la atracción del expediente.
Actualmente, Duarte Jáquez permanece recluido en el penal federal del Altiplano, donde enfrenta desde diciembre de 2025 un proceso penal distinto por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
