La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de sanciones contra 22 personas servidoras públicas, como resultado de procedimientos relacionados con posibles faltas administrativas cometidas durante su desempeño.
Las medidas incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas, de acuerdo con la información difundida por la dependencia.
Las resoluciones forman parte de las acciones de vigilancia y control interno que realiza la Secretaría para investigar conductas que pueden afectar el funcionamiento de las instituciones públicas y el uso adecuado de los recursos.
Entre las sanciones aplicadas se encuentran separaciones del cargo e impedimentos temporales para que las personas involucradas puedan desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público. En los casos correspondientes también se establecieron sanciones económicas.
La dependencia señaló que estos procedimientos buscan fortalecer la responsabilidad de quienes trabajan en el gobierno y contribuir a prevenir actos contrarios a las obligaciones establecidas para las personas servidoras públicas.
El anuncio ocurre como parte de las acciones institucionales para reforzar el combate a la corrupción y la rendición de cuentas dentro de la administración pública federal.
La Secretaría destacó que las sanciones son resultado de procesos administrativos y que las medidas determinadas dependen de la conducta acreditada en cada expediente.
Con estas resoluciones, el gobierno federal busca enviar una señal de que el incumplimiento de las obligaciones en el servicio público puede derivar en consecuencias administrativas, desde multas hasta la separación del cargo y la imposibilidad de ocupar nuevamente una función pública durante el periodo establecido.
La información oficial consultada no permite concluir que las 22 personas hayan cometido el mismo tipo de falta, por lo que las sanciones deben entenderse de manera individual, conforme a cada procedimiento.
