El gobernador del estado confirmó que el alcalde panista Joel Ángel Bravo Martínez tampoco presentó denuncias previas ante la fiscalía local; instruyó al gabinete de seguridad coadyuvar para evitar la impunidad en el crimen.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aclaró la mañana de este lunes 15 de junio de 2026 que el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez (quien fue asesinado el sábado 13 de junio), no había solicitado de manera formal ninguna medida de protección institucional a las agencias locales ni federales. Durante una rueda de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo estatal detalló que tampoco existían registros de denuncias penales interpuestas por la víctima ante el Ministerio Público.
Condolencias institucionales y despliegue del gabinete: El mandatario oaxaqueño inició su intervención externando su solidaridad con los deudos y los habitantes de la demarcación afectada por la violencia.
Para asegurar el pronto esclarecimiento del homicidio del edil, el titular del Poder Ejecutivo notificó que giró órdenes específicas a sus mandos de seguridad:
- Coordinación de Resguardo: Se instruyó formalmente al gabinete de seguridad estatal para brindar todo el respaldo operativo y de inteligencia que requiera la Fiscalía General del Estado.
- Operativo en curso : Las agencias ministeriales ya desahogan las líneas de investigación correspondientes mediante un despliegue interinstitucional en la zona de la Mixteca.
Deslinde de alertas previas y antecedentes de violencia política: Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre presuntas omisiones en la custodia del funcionario de extracción panista, Jara Cruz fue enfático al desmarcar a la administración de cualquier negligencia:
“Quiero enfatizar que el presidente no había solicitado medidas de protección y no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía”
Sentenció el mandatario.
El gobernador apuntó que desde el primer momento en que se tomó conocimiento del atentado, se activó un cerco interinstitucional coordinado para evitar que el crimen quede impune. Jara Cruz reflexionó sobre los ataques históricos que sufren los servidores públicos de la demarcación, acotando que la violencia contra autoridades electas es un fenómeno heredado de regímenes autoritarios del pasado, bajo los cuales se promovían agresiones contra los bloques de oposición y se permitía el libre actuar de las células delictivas con total impunidad.
El mensaje conclusivo del lunes adelantó que las comisiones del orden presentarán un diagnóstico integral en materia de incidencia delictiva durante la próxima sesión del Consejo Estatal de Seguridad, buscando robustecer las estrategias de proximidad social en los municipios vulnerables.
