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A través del regulador Roskomnadzor y el FSB, el gobierno ruso restringe el acceso a servicios esenciales e impone «Max», una plataforma estatal de mensajería diseñada para el espionaje y control de trámites ciudadanos.

Desde principios de marzo de 2026, la población de Moscú y otras ciudades clave en Rusia enfrenta un apagón digital selectivo que expertos como Andrei Soldatov califican como un proceso de «reeducación tecnológica».

El Kremlin ha pasado de la censura de portales específicos al bloqueo generalizado del internet móvil, permitiendo únicamente el acceso a una «lista blanca» de aplicaciones aprobadas por el Estado, como servicios de impuestos y entrega de comida.

El núcleo de esta nueva ofensiva es la aplicación Max, lanzada en marzo de 2025. Esta plataforma se ha vuelto obligatoria para acceder al portal de servicios públicos Gosuslugi y para la organización de grupos escolares. Especialistas advierten que Max funciona como un sistema de vigilancia activa que informa a las autoridades sobre el uso de VPN o aplicaciones consideradas «extremistas» por el gobierno, como WhatsApp y Facebook.

Esta estrategia, ejecutada en conjunto por Roskomnadzor y el FSB, ha paralizado actividades cotidianas, afectando desde sistemas de GPS y pagos electrónicos hasta alertas médicas.

A pesar de que el 83% de los jóvenes manifiesta ira ante estas restricciones, el temor a las represalias y los arrestos preventivos de organizadores de protestas mantienen a la sociedad en un estado de resignación y aislamiento informativo progresivo.

Herramienta / MedidaFunción de ControlImpacto Social
App Estatal «Max»Canal obligatorio para servicios públicos y educación.Acceso del gobierno al dispositivo; detección de VPN.
Listas BlancasSolo permiten apps de servicios básicos aprobados.Aislamiento de narrativas independientes y mensajería global.
Interferencia de GPSBloqueo de señales de navegación en centros urbanos.Caos en transporte (taxis) y servicios de logística.
Vigilancia FSBPriorización de reducción de riesgos operativos sin costo político.Clima de incertidumbre y vigilancia omnipresente.
Consecuencia LegalUso de apps «extremistas» (WhatsApp/FB).Riesgo de persecución penal por comunicación privada.