La carrera política hacia 2027 ya comenzó. No se trata de una elección más ni de un trámite intermedio en el calendario democrático. Lo que estará en juego será, en buena medida, el rumbo de la segunda mitad del sexenio, la continuidad del Segundo Piso de la Transformación y la capacidad de Morena para demostrar que sigue siendo un movimiento político con principios, no sólo una maquinaria electoral eficaz.
En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, se elegirán gubernaturas en 17 entidades federativas y se disputarán congresos locales, ayuntamientos y miles de cargos públicos. La dimensión del proceso obliga a verlo con seriedad. La nueva composición de la Cámara de Diputados definirá si el proyecto de transformación conserva la fuerza legislativa necesaria para profundizar los cambios iniciados en 2018, o si el país entra en una etapa de parálisis, restauración conservadora o disputa permanente por el sentido de las reformas ya aprobadas.
La relevancia de 2027 va mucho más allá de una elección intermedia. La Legislatura federal que iniciará funciones ese año será la encargada de acompañar la última etapa del sexenio y de consolidar las reformas emprendidas durante casi una década de transformación institucional. Sus integrantes asumirán la responsabilidad histórica de perfeccionar los cambios realizados, corregir sus deficiencias y construir los consensos necesarios para garantizar su permanencia en el tiempo.
De igual forma, las diecisiete gubernaturas que estarán en disputa desempeñarán un papel decisivo. La transformación no puede depender exclusivamente de las decisiones del Gobierno Federal; Su éxito requiere gobiernos estatales comprometidos con los mismos principios de honestidad, austeridad republicana, justicia social y fortalecimiento de las instituciones públicas. La coordinación entre la Federación y las entidades federativas será indispensable para que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los rincones del país.
Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en ganar elecciones. Morena ha demostrado, una y otra vez, que cuenta con una amplia base social, una profunda identidad popular y un liderazgo nacional que mantiene una legitimidad notable. El verdadero reto será ganar sin perder el alma; conservar la mayoría sin diluir la identidad y ampliar el movimiento sin convertirlo en refugio de oportunismos, ambiciones personales o prácticas contrarias a la ética pública que dio origen a la Cuarta Transformación.
Las elecciones intermedias suelen registrar una participación menor que las presidenciales. En esta ocasión, sin embargo, han despertado un interés inusual, particularmente al interior del partido gobernante. Legisladoras, legisladores, funcionarias, funcionarios, liderazgos locales y figuras públicas han comenzado a expresar sus aspiraciones. Ello es natural en una democracia viva. Todos los partidos buscan competir, crecer y gobernar. El problema aparece cuando la búsqueda legítima del poder se convierte en una carrera sin filtros, sin formación política y sin compromiso programático.
La tentación de postular candidaturas externas, famosas o mediáticas no es nueva. En distintos partidos hemos visto a deportistas, artistas, comunicadores o personajes de alta popularidad ocupar curules, presidencias municipales e incluso gubernaturas. La popularidad puede contribuir a ganar una elección, pero no sustituye la trayectoria, la honestidad, la formación ni la convicción ideológica. Cuando un partido confunde notoriedad con liderazgo, corre el riesgo de pagar un costo muy alto: la pérdida de su identidad política.
Para Morena, ese riesgo es especialmente delicado. Nuestro movimiento no nació para administrar el viejo régimen con nuevos colores. Nació para combatir privilegios, democratizar el poder público, poner primero a los pobres, ampliar derechos, recuperar la rectoría del Estado y construir una vida pública sustentada en la honestidad republicana. Por eso preocupa que comiencen a normalizarse conductas que contradicen esos principios: el desdén por la austeridad, los intentos de nepotismo, la defensa de privilegios, la frivolidad en el ejercicio del poder, los señalamientos de corrupción o cualquier posible vínculo con intereses criminales.
No basta con que Morena conserve ventaja en las encuestas. La mayoría recibida en las urnas expresa un mandato popular, pero no representa un cheque en blanco. Una fuerza política de izquierda debe ser la primera en someterse al escrutinio público, corregir sus errores y exigir a sus propios cuadros estándares éticos superiores. La transformación no puede degradarse en una simple disputa por cargos, porque cuando un movimiento abandona sus principios, incluso sus victorias electorales pueden terminar convirtiéndose en derrotas morales.
Por ello, rumbo a 2027, Morena deberá cuidar tres dimensiones fundamentales. La primera es la selección de candidaturas. Debe haber reglas claras, encuestas confiables, evaluación de trayectorias, revisión patrimonial, compromiso con la legalidad y, sobre todo, congruencia con el proyecto de izquierda democrática que representa la Cuarta Transformación. Abrir las puertas del movimiento puede ser positivo, siempre que quienes se incorporen aporten convicción, trabajo territorial, capacidad pública y respeto por sus principios. Lo inadmisible sería desplazar a la militancia para privilegiar figuras sin historia colectiva, sin formación y sin compromiso con las causas populares.
La segunda dimensión es la relación entre Poderes. Morena debe preservar la colaboración institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero nunca confundir colaboración con subordinación. Es cierto que la mayoría legislativa ha permitido aprobar reformas indispensables: la universalización de programas sociales como la pensión para adultos mayores y el apoyo a personas con discapacidad; la reconfiguración del sistema de salud mediante el IMSS-Bienestar; los cambios en materia de competencia económica, transparencia, protección de datos y justicia. Sin esa mayoría, muchas decisiones de justicia social no habrían sido posibles.
Pero precisamente porque esas reformas son trascendentes, el Congreso debe ejercer plenamente su responsabilidad deliberativa. Las iniciativas presidenciales pueden coincidir con nuestro programa de transformación y, al mismo tiempo, ser susceptibles de perfeccionamiento. La lealtad a un proyecto no exige renunciar al pensamiento crítico. Durante la discusión de la reforma judicial, por ejemplo, existieron voces dentro del propio movimiento que advirtieron problemas de técnica legislativa, riesgos de implementación y aspectos perfectibles. La disciplina partidaria permitió aprobar la reforma, pero también dejó clara la necesidad de realizar ajustes posteriores. Esa experiencia debe servirnos de lección: un Congreso fuerte no debilita al gobierno sino que contribuye a que gobierne mejor.
La tercera dimensión es programática. Morena debe seguir siendo una fuerza progresista, popular y democrática. Eso implica colocar en el centro la reducción de las desigualdades, la justicia fiscal, el fortalecimiento de los derechos laborales, la defensa del medioambiente, la igualdad sustantiva, el combate a las violencias contra las mujeres, la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión. La izquierda no puede limitarse a administrar mayorías; debe construir ciudadanía, ampliar libertades y garantizar que el Estado sirva a quienes históricamente fueron excluidos.
En este punto, la dirigencia nacional y las dirigencias estatales tienen una responsabilidad mayor: escuchar a la militancia. Morena no puede tratar a sus bases como simple estructura electoral ni convocarlas sólo en tiempos de campaña. La militancia sostuvo el movimiento en los años difíciles, defendió el voto, caminó colonias, pueblos y comunidades, enfrentó campañas de desprestigio y mantuvo viva la esperanza democrática. Si ahora se le margina en nombre de acuerdos cupulares o candidaturas de coyuntura, se abrirá una grieta innecesaria entre el partido y su base social.
Escuchar a la militancia no significa cerrar el movimiento ni negar la incorporación de perfiles externos sino construir equilibrios. Quienes provengan de fuera deberán aceptar los principios de Morena, someterse al escrutinio público y demostrar un compromiso real con el proyecto. A su vez, quienes vienen de la militancia deberán recibir formación política, capacitación técnica y acompañamiento institucional para ejercer con responsabilidad los cargos a los que sean postulados. La transformación requiere convicción, pero también capacidad de gobierno.
El proceso de 2027 será una prueba decisiva. No sólo medirá la fuerza electoral de Morena; medirá su madurez política. El movimiento deberá demostrar que puede renovarse sin descomponerse, crecer sin corromperse y gobernar sin perder su vocación transformadora. La ciudadanía no espera de nosotros soberbia ni complacencia. Espera honestidad, resultados, autocrítica y compromiso con las causas que nos dieron origen.
La continuidad del proyecto no puede medirse únicamente en términos electorales. La verdadera prueba de la transformación consiste en profundizar los cambios que aún están pendientes. Entre ellos destaca la lucha contra la corrupción y la impunidad, dos fenómenos que durante décadas debilitaron al Estado mexicano, erosionaron la confianza ciudadana y fracturaron la cohesión nacional. Combatirlos con mayor eficacia no sólo es una exigencia ética; es una condición indispensable para preservar la unidad nacional y fortalecer nuestra democracia.
Los gobiernos que surjan de las elecciones de 2027 deberán asumir objetivos concretos y verificables. Entre ellos destacan la erradicación definitiva de la pobreza extrema; la reducción sostenida de los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso y la extorsión; la regeneración de las instituciones de representación política para acercarlas nuevamente a la ciudadanía; y el perfeccionamiento de las políticas públicas que han permitido ampliar el acceso a la vivienda, garantizar el derecho humano al agua y modernizar la infraestructura estratégica del país.
La transformación será juzgada no sólo por las reformas aprobadas o por las victorias electorales obtenidas, sino por su capacidad para mejorar de manera tangible la vida de las personas. Ese debe ser el horizonte que guíe tanto la selección de candidaturas como el ejercicio del gobierno durante los próximos años.
La selección de candidaturas definirá buena parte de la legitimidad de Morena y, con ello, el destino del Segundo Piso de la Transformación. Si actuamos con responsabilidad, 2027 puede consolidar una nueva etapa de justicia social, democracia y bienestar. Si permitimos que la ambición personal sustituya a los principios, habremos abierto la puerta a la degradación de aquello que millones de mexicanas y mexicanos ayudaron a construir. Ganar importa; pero ganar preservando la dignidad del movimiento importa mucho más.
