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El exgobernador de Quintana Roo dejó el Ceferepsi de Morelos para ser trasladado a un inmueble en el Estado de México bajo vigilancia de brazalete electrónico; la FGR mantiene abierta la causa penal por la presunta enajenación irregular de 25 inmuebles con valor de 5 mil millones de pesos.

Cancún, Q. Roo. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó formalmente las instalaciones del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el estado de Morelos, tras decretarse la sustitución de la prisión preventiva por la medida de arresto domiciliario, bajo la cual continuará desahogando su proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Logística de traslado, brazalete electrónico y garantías: De acuerdo con las bitácoras de control del sistema penitenciario federal, el exmandatario fue excarcelado y escoltado hacia un inmueble privado localizado en el Estado de México, polígono geográfico donde deberá permanecer confinado por mandato judicial. Las condiciones de supervisión impuestas por el Juez de Control federal determinan que Borge Angulo portará un brazalete de localización electrónica y vigilancia perimetral las 24 horas del día.

Las variables procesales que hicieron viable este beneficio técnico y los requisitos fijados en la carpeta se estructuraron bajo los siguientes indicadores:

  • Garantías Económicas: La defensa legal cumplimentó el establecimiento de un domicilio fijo verificado y el depósito de una fianza económica de control fijada por la autoridad judicial.
  • Absolución Previa: El cambio de medidas coercitivas se aceleró luego de que en mayo del presente año fiscal 2026 un tribunal federal dictara sentencia absolutoria en su favor por el delito de delincuencia organizada.
  • Proceso Vigente: La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que la liberación del penal no exonera al político, por lo que la causa por lavado de dinero sigue su curso formal en los juzgados.

El expediente financiero: 25 inmuebles y empresas fachada Las investigaciones que sostiene la célula especializada de la FGR ligan al exgobernador (quien ejerció el Poder Ejecutivo de Quintana Roo en el periodo 2011-2016) con una presunta red de enajenación ilegal de bienes raíces pertenecientes al patrimonio soberano del estado. La hipótesis ministerial detalla que se ejecutó la venta deliberada de 25 inmuebles de alta plusvalía a precios inferiores a su valor comercial, utilizando presuntos prestanombres y firmas comerciales fachada.

Los peritajes contables y de auditoría gubernamental calculan las operaciones bajo las siguientes métricas:

  • Valor Comercial de los Bienes: El valor de mercado de los predios rematados se estima en alrededor de 5 mil millones de pesos.
  • Daño Patrimonial Directo: Las primeras indagatorias de la entonces PGR tasaron en 900 millones de pesos el desfalco inicial a las reservas territoriales de la entidad, con el fin de ocultar el origen y destino final de los flujos monetarios.

Antecedentes de la aduana internacional de extradición El expediente penal de Roberto Borge se consolidó como uno de los casos testigo más representativos sobre el control de la corrupción gubernamental de la última década. El exmandatario fue capturado en junio de 2017 por agentes federales en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Europa. Tras desahogarse los juicios de extradición, fue entregado a las autoridades mexicanas en enero de 2018.

A pesar de que a lo largo del proceso los tribunales desestimaron diversas acusaciones de orden local promovidas por la fiscalía del estado (tales como peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder), el juicio federal por lavado de dinero se mantendrá activo bajo el nuevo régimen de reclusión domiciliaria hasta que se dicte una sentencia definitiva.