Tras casi 12 horas de audiencia ante el Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, el encargado de despacho Juan Alfredo Buendía ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a Brenda Quevedo Cruz —acusada desde hace dos décadas por el caso de Hugo Alberto Wallace y aún sin sentencia—. La resolución determina el fin del arraigo domiciliario, la retirada de la custodia de la Guardia Nacional y la remoción del brazalete electrónico que portó en el tobillo por más de un año.
La revisión de medidas cautelares fue solicitada por la defensora Karla Salas, argumentando un cambio sustancial en las condiciones del proceso tras el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace. La defensa presentó 39 datos de prueba admitidos por el juez —incluyendo informes de la Guardia Nacional y dictámenes de la Comisión de Atención a Víctimas— que acreditan que Quevedo no representa riesgo de fuga ni peligro social. Mientras el proceso penal continúa en etapa de instrucción, la procesada únicamente deberá acogerse a la firma periódica mensual ante el juzgado y mantendrá la prohibición de salir del país.
