Durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la comunidad internacional a abandonar de inmediato la Corte Penal Internacional (CPI), calificándola de una «institución deshonesta» y «malvada». La embestida de Washington argumenta que el tribunal con sede en La Haya incurre en un exceso de atribuciones al reclamar jurisdicción sobre países no firmantes del Estatuto de Roma, como Estados Unidos e Israel, y busca blindar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras las órdenes de aprehensión emitidas en su contra en 2024.
A pesar de la campaña diplomática encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para desmantelar la institución mediante sanciones financieras y restricción de visados a su personal, únicamente la nación insular de Naoero (anteriormente Nauru) atendió el llamado de Trump esta semana. Aunque en meses recientes países como Venezuela, Chad, Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron su intención de salir del tratado, el Estatuto de Roma mantiene el respaldo de la mayoría de sus 125 Estados miembros.
En respuesta a las acciones de Washington, representantes de la Unión Europea (UE) y jefes de Gobierno salieron en defensa de la justicia internacional. El primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, exigió un alto a las agresiones contra las instituciones del orden jurídico global, mientras que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió sobre la evaluación de herramientas legales para contrarrestar las sanciones estadounidenses. Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y analistas internacionales revalidaron su compromiso con la rendición de cuentas, señalando que los ataques contra la CPI terminan favoreciendo a figuras sancionadas como el mandatario ruso, Vladimir Putin.
