Pese a que en los dos últimos años se observó una disminución en los flujos migratorios en el país, debido a la inmovilidad relacionada con la pandemia provocada por el covid-19, poco a poco el fenómeno migratorio ha tomado su cauce anterior, advirtió el Senado de la República.
En su Informe de Actividades, correspondiente al último año de la LXV Legislatura, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, reconocieron “las penumbras” por las que pasan los migrantes que ingresan, transitan y, en algunos casos, se quedan en México.
El documento da cuenta que la mayoría de las personas migrantes huyen de sus países de origen ante la falta de oportunidades laborales y educativas, por situaciones graves de inseguridad, conflictos armados, hambrunas, violencia social o, incluso, desastres naturales provocados por el cambio climático.
Los senadores señalaron que es necesario continuar con el trabajo para proteger, a través de la revisión de nuestro marco normativo, los derechos humanos de las personas migrantes.
Estimaron que quienes participan en la toma de decisiones en materia migratoria deben seguir atentos a las necesidades que enfrentan los extranjeros.
“Migrar no es un delito, por el contrario, migrar es un derecho humano que tenemos todas y todos. La migración humana es una actividad milenaria que siempre ha existido y que seguirá existiendo, afectando casi sin excepción, a todas las comunidades del mundo, por lo que querer frenarla es imposible”, detalla el documento.
El Informe de Actividades también puntualiza que durante el último año la Comisión recibió ocho iniciativas con proyecto de decreto y ocho propuestas con punto de acuerdo, de las cuales se dictaminaron dos iniciativas y dos propuestas, así como una minuta enviada por la colegisladora.
Entre los proyectos aprobados destaca uno que reforma la Ley de Migración para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito.
