El Gobierno del Reino Unido alista un proyecto para prohibir la comercialización de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, considerados ilegales bajo el derecho internacional. La iniciativa legislativa busca restringir la entrada de productos fabricados o cosechados en dichas zonas, marcando un giro de mayor firmeza en la política exterior británica hacia el conflicto en Medio Oriente.
De acuerdo con un estudio de opinión pública elaborado por la firma YouGov, el 50% de la población británica respalda la implementación de esta restricción comercial. No obstante, la medida ha desatado un intenso debate político: sectores críticos y grupos afines al gobierno israelí argumentan que la normativa sienta un precedente peligroso y equivale en la práctica a un «boicot encubierto a todo Israel», mientras que sus defensores sostienen que la prohibición se limita estrictamente a los territorios ocupados sin afectar el comercio bilateral formal con el Estado israelí.
El avance del proyecto mantendrá la atención diplomática sobre Londres, en un momento en que diversos gobiernos europeos evalúan mecanismos regulatorios similares para sancionar la expansión de asentamientos en territorio palestino.
