Hace unos meses, dentro de este mismo espacio, escribí sobre las coyunturas políticas que históricamente han marcado la necesidad de reformar el sistema electoral de nuestro país. Hoy, nos encontramos a pocos días de conocer el contenido de la “gran reforma electoral” y, de nueva cuenta, el momento obliga a tocar el tema.
En aquella primera reflexión señalé que las grandes reformas electorales en México han respondido, por lo general, a dos grandes impulsos: procesos de apertura derivados de crisis de legitimidad o, por el contrario, momentos de cierre y concentración de poder. En el primer caso, el sistema se ve forzado a ceder espacio ante presiones sociales y políticas que amenazan su estabilidad; en el segundo, el rediseño institucional busca fortalecer al grupo dominante, concentrar poder, reducir la incertidumbre y asegurar control.
Cuando se anunció que habría una nueva reforma electoral, la reacción inicial y, hasta cierto punto natural, fue pensar que el impulso obedecía más a la segunda lógica que a la primera. No hubo crisis poselectoral, ni conflicto que pusiera en entredicho la legitimidad del proceso electoral reciente; por el contrario, la victoria de quienes hoy son representantes populares fue contundente. Incluso, declaraciones como la del coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, al afirmar que una reforma no es necesaria porque la coalición oficialista ya tiene todo el poder, parecen confirmar la sospecha de que reformar equivalía, en el fondo, a acumular aún más poder. Pero ¿es verdad que no se necesita una reforma electoral?
En mi opinión, pensar en la necesidad de reformar no debería reducirse a una lectura coyuntural sobre la voluntad del partido en el gobierno. Implica una revisión crítica de aquello que puede y debe mejorarse. La democracia, como todo sistema vivo, está en constante movimiento y requiere de ajustes periódicos. Asimismo, el sistema electoral es una de sus bases fundamentales y por ello, es válido reconocer que existen áreas problemáticas y que varios de los temas que hoy más resuenan en la agenda merecen una discusión seria y técnicamente informada.
Uno de estos temas es el financiamiento a los partidos políticos. No es nuevo y no es un problema exclusivo de México, la llamada “crisis de la representación” lleva décadas discutiéndose dentro de la literatura, y los partidos políticos figuran entre sus principales protagonistas. Sin embargo, este problema se vuelve mucho más irritante para la población cuando el dinero de sus impuestos se destina a su manutención.
En México, el artículo 41 constitucional establece una fórmula que garantiza flujos constantes y elevados de recursos públicos a los partidos, para evitar su captura por parte de intereses privados y asegurar condiciones de equidad. Dicha fórmula multiplica “el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”[i]. Con una simple consulta en internet, sabemos que actualmente el padrón electoral asciende a 99, 357, 378[ii] personas y que la UMA para 2026 es de $117.31pesos diarios[iii], al hacer el cálculo tenemos que el monto total para el financiamiento público es de $7,576,149,154.51 (Siete mil quinientos setenta y seis millones, ciento cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos, con 51 centavos). Esto es sólo para su operación ordinaria, porque en año electoral se eleva en un 50 por ciento, si se trata de elecciones en las que se elige la Presidencia de la República, y en un 30 por ciento si son elecciones intermedias.
Con el tiempo, este esquema ha generado incentivos perversos. Uno de ellos es que los partidos políticos se han orientado más hacia la supervivencia financiera que a la representación efectiva, y con escasa vinculación social y débil rendición de cuentas, se han alejado de su naturaleza como entidades de interés público que tienen como fin la participación del pueblo en la vida democrática. Esto sí requiere ajustes no sólo a los montos, sino una fiscalización más efectiva, pues la forma en que se gastan estos recursos es un tema fundamental.
Otro de los problemas del financiamiento es que esta fórmula privilegia estructuralmente a los partidos más grandes. Al asignar el 70 por ciento de los recursos conforme a la votación obtenida en la elección anterior y el 30 por ciento de forma igualitaria, el diseño reproduce una lógica de ventajas acumuladas, pues quienes ya cuentan con mayor respaldo electoral y mayores capacidades organizativas reciben también más recursos para competir en el siguiente proceso. Este esquema fue concebido originalmente como un mecanismo para equilibrar la competencia y reducir la influencia del dinero privado, pero ha terminado por ser un instrumento de consolidación del statu quo en el sistema de partidos existente, más que como una herramienta de apertura y pluralismo. Por ello, sería necesario que la fórmula de reparto del dinero fuese más equitativa.
A propósito del pluralismo, es preciso hablar de otro tema que se tendría que reformar: la sobrerrepresentación. Ésta resulta de un conjunto de incentivos institucionales que, combinados, tienden a amplificar las mayorías. La sobrerrepresentación no surge de la existencia de la representación proporcional, sino de los desequilibrios previos que esta busca corregir. Reducir el margen de sobrerrepresentación y poner candados a los partidos para que no “intercambien legisladores” es fundamental.
Hay otro punto sumamente importante que se tiene que revisar para la reforma y es que el sistema electoral mixto mexicano fue diseñado precisamente para contener los efectos distorsionadores de los sistemas mayoritarios puros, y para evitar que una minoría de votos se traduzca en una mayoría desproporcionada de escaños. En ese sentido, eliminar el principio de representación proporcional para elegir representantes para la Cámara de Diputados sería un error y un retroceso grave respecto a las conquistas democráticas que fueron abriendo el sistema político a distintas voces y fuerzas políticas. Por otro lado, lo cierto es que sí se tiene que quitar el control de las listas a las cúpulas partidistas y ponerlo en manos de la ciudadanía, por ejemplo, abriendo las listas e incluso con elecciones primarias.
Dicho esto, reconocer el valor de la representación proporcional no implica negar que existan espacios legítimos de ajuste. Uno de ellos es el Senado de la República, cuya naturaleza federal plantea un debate distinto al de la Cámara de Diputados. En un órgano concebido para representar a las entidades federativas, la existencia de escaños de representación proporcional asignados a nivel nacional resulta debatible, por decir lo menos. Una alternativa razonable no sería la eliminación automática de estos espacios, sino su reconfiguración. El establecimiento de circunscripciones electorales a nivel estatal permitiría reforzar el principio federal, mantener la pluralidad política y evitar que la representación proporcional se perciba como desvinculada del territorio. Este tipo de ajustes apuntarían a mejorar la coherencia interna del sistema, no a desmantelarlo.
Otro de los ejes centrales de la discusión sobre la reforma electoral, al cual me gustaría referirme, es la autonomía e independencia del árbitro electoral. Durante buena parte del siglo pasado, la organización de los comicios estuvo subordinada al Ejecutivo, y frente a ello, la construcción de un órgano electoral autónomo fue una necesidad. Su independencia permitió que las elecciones dejaran de ser administradas por quienes competían en ellas y se convirtieran en procesos regulados por reglas claras y aceptables para los actores políticos. Mantener la autonomía y la independencia del INE es fundamental.
Desde luego que hay muchos otros temas en la mesa, como la reducción de regidurías, la participación de las personas mexicanas en el exterior, acciones afirmativas, el fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa y la incorporación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones. Todos ellos ameritan una discusión cuidadosa. Pero mas allá del listado de propuestas, el punto central es que la reforma electoral que se avecina no puede entenderse, ni diseñarse, como un ejercicio de fuerza, debe ser una oportunidad para corregir desequilibrios reales, pero sin desmantelar los pilares que han permitido construir elecciones competitivas, pluralismo político y alternancia. Quienes pusieron la reforma sobre la mesa, hoy legislan desde una posición de fortaleza política y por ello su responsabilidad es mayor, hacer las cosas desde el poder debe y exige autocontención, apertura al debate y un diagnóstico técnicamente informado que distinga entre lo que debe corregirse y lo que debe preservarse.
[i] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 17 de enero de 2026. URL: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[ii] “Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral”. Recuperado el 18 de enero de 2026, URL: https://ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/
[iii] “Economía y Sectores Productivos, UMA”. INEGI. Recuperado el 18 de enero de 2026, URL: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
