La iniciativa de reforma enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum contra el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, ya es constitucional.
Con la aprobación de al menos 20 congresos estatales, la Cámara de Diputados hizo la declaratoria.
Los congresos que avalaron la reforma fueron: Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y la Ciudad de México.
El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, remitió el decreto al Senado de la República para reafirmar la declaratoria de constitucionalidad y turnarlo a la titular del Ejecutivo para su promulgación.
“El Congreso de la Unión declara reformados y adicionados los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral”, indicó Gutiérrez Luna.
Las modificaciones y adiciones a los seis artículos constitucionales establecen la no reelección de los servidores públicos para el mismo cargo en un periodo inmediato posterior.
Respecto al nepotismo electoral, se establece como requisito para los aspirantes a la presidencia de la República, gubernaturas, presidencias municipales, senadurías y diputaciones federales y locales no tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja con quienes ocupen esa misma posición en el servicio público.
Tampoco sería elegible para competir por un cargo quien tenga parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con quien ocupa el encargo por el cual pretenden participar.
Estas restricciones buscan evitar que las relaciones familiares o personales influyan en la selección de candidatos y en el ejercicio del poder, promoviendo así una mayor imparcialidad en los procesos electorales.
En lugar de entrar en vigor en 2027, como lo propuso Claudia Sheinbaum, comenzará a ser efectiva en las elecciones de 2030.
