En el marco del Día Nacional del Ministerio Público, que se celebra cada 22 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México expresó su reconocimiento al trabajo de los 3 mil 291 agentes ministeriales que forman parte de la institución.
El personal ministerial se encarga de dirigir las investigaciones derivadas de la comisión de un delito; se encuentra adscrito a ocho coordinaciones generales, entre ellas, las de Investigación Territorial y Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento, que concentran el mayor número de agentes debido a su amplio despliegue operativo y al volumen de casos que atienden diariamente.
“El agente del Ministerio Público es el punto neurálgico a partir del cual se inicia la investigación. Es quien, en todo momento, debe procurar proteger a la víctima y garantizar que el hecho quede esclarecido, que el responsable no quede impune y que se repare el daño”, destacó José Luis Castellón Sosa, coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Fiscalía.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al agente del Ministerio Público la facultad de procurar el cumplimiento de la ley y determinar una sentencia para las personas responsables, para lo cual tanto el personal pericial como la Policía de Investigación (PDI) actúan como auxiliares en su labor.
“Ser agente del Ministerio Público en la Ciudad de México implica asumir un gran reto: atender casos complejos, reconocer los problemas, buscar la manera de enfrentarlos y resolverlos en una ciudad que por sí misma es compleja y que, además, enfrenta desafíos importantes en materia de carga de trabajo y herramientas disponibles”, puntualizó Castellón Sosa.
Los agentes del Ministerio Público de la capital participan actualmente en un proceso de transformación institucional, a través del Modelo de Litigación Integral (MLI), esquema de trabajo que busca integrar en una sola unidad todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial hasta el juicio o la reparación del daño.
Este modelo sustituye al anterior, en el que las distintas fases del proceso eran atendidas por áreas o agentes diferentes, lo que generaba fragmentación en el seguimiento de los casos.
Estas acciones forman parte del Plan de Política Criminal y del Programa de Persecución Penal 2025, encabezado por la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, quien impulsa un modelo de procuración de justicia más eficiente, transparente y centrado en las víctimas.
