Un magistrado de Nueva York dictaminó en contra de Donald Trump el viernes, imponiéndole una sanción de 364 millones de dólares por lo que se determinó como un esquema prolongado para manipular a entidades financieras mediante declaraciones que exageraban su patrimonio. Además, se le ha prohibido ejercer como ejecutivo o director en cualquier empresa registrada en Nueva York por un lapso de tres años.
La resolución, emitida por el juez Arthur Engoron tras un juicio de más de dos meses, marcó un revés significativo para Trump, quien durante el proceso argumentó, bajo juramento, ser el blanco de una persecución judicial sesgada.
Este fallo representa un triunfo para la fiscal general del estado, la demócrata Letitia James, quien presentó la demanda contra Trump acusándolo de recurrir a tácticas engañosas durante años para amasar su imperio de bienes raíces, lo cual no solo le generó riqueza y renombre, sino que también pavimentó su camino hacia la presidencia.
El equipo legal de Trump había anticipado su intención de apelar el veredicto incluso antes de que este fuera anunciado.
La demanda, interpuesta por James en 2022 bajo una ley estatal que permite indagar sobre fraudes continuados en el ámbito empresarial, acusaba a Trump y a sus coacusados de inflar sistemáticamente el valor de sus activos para proyectar una imagen de mayor solvencia financiera de la real. Se estimó que Trump exageró su riqueza en hasta 3.600 millones de dólares anualmente, lo cual le habría permitido obtener condiciones de préstamo más favorables y llevar a cabo proyectos que de otro modo no habrían sido viables.
Previo al juicio, Engoron ya había dictaminado que las declaraciones financieras de Trump eran fraudulentas, ordenando la disolución de algunas de sus empresas. Una corte de apelaciones pausó esta medida.
En un fallo previo, se encontró que Trump había sobrevalorado propiedades como su ático en la Trump Tower y su residencia Mar-a-Lago en Florida, basándose en supuestos potenciales de desarrollo no factibles.
Con información de AP.
