Con mayoría calificada de 353 votos a favor y 126 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El Pleno aceptó la reserva presentada por la diputada Merary Villegas Sánchez, de Morena, para modificar el párrafo décimo segundo del artículo 21 del dictamen, a fin de eliminar las palabras “de origen” y “marino”.

De tal manera que en vez de que el párrafo diga: “de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino” solamente quedaría: “por personal militar con formación policial”.

El dictamen, además de la definición y función para la Guardia Nacional, estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Asimismo, indica que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

En los artículos transitorios, se da un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico en la materia. Mientras tanto, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.

El proyecto de decreto asienta que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.

Precisa que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, y será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.

En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

Respecto a las facultades del Ejecutivo Federal, éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.

Los cambios constitucionales también estipulan que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.

Destaca que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.

El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.

El dictamen deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero.

La Cámara de Diputados aprobó el formato para la sesión de Congreso General en la que la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá protesta constitucional ante el Congreso de la Unión, el 1 de octubre de 2024. Iniciará a las 9:00 horas.

El orden del día en que la presidenta electa rendirá protesta constitucional será el siguiente: 

Lista de asistencia y declaración de quórum del Congreso General; lectura de los resolutivos del Bando Solemne expedido por la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2024, para dar a conocer en toda la República la Declaración de presidenta electa, así como el primer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política.

Posteriormente se designará a las comisiones protocolarias y se hará la petición del cumplimiento oportuno de su cometido.

Después, intervendrá una o un legislador por cada grupo parlamentario representado en el Congreso, en orden creciente y hasta por 10 minutos.

Enseguida, habrá un mensaje institucional de la presidencia del Congreso de la Unión.

A continuación, arribará al salón de sesiones el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, ingresará al salón de plenos la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien rendirá protesta al cargo y emitirá un mensaje. 

Al término, se entonará el Himno Nacional y se pedirá a las comisiones protocolarias el cumplimiento de su cometido. Se retirarán el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, para luego clausurar la sesión de Congreso General.

El pleno del Senado aprobó por unanimidad declarar como día de descanso obligatorio el 1 de octubre de cada seis años. Esto con motivo de la transición del Poder Ejecutivo Federal, fecha en que rendirá protesta Claudia Shienbaum como primera presidenta de México.

Durante la sesión de hoy se informó que el documento se envió a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución, “el presidente o presidenta entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará seis años”.

Por lo que, con este cambio, quedó desarmonizada la Ley del Trabajo que refería el 1 de diciembre de cada seis años cuando correspondía la transición del Poder Ejecutivo federal y ya no se llevará a cabo esa celebración.