Un plan que contemplaba destinar 20 millones de dólares a la adquisición de guantes de descargas eléctricas para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó una fuerte ola de rechazo por parte de congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes exigieron frenar la asignación de recursos a la agencia federal.
Desde diversos sectores institucionales y civiles se lanzaron duras críticas contra la medida. La presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), Kica Matos, tildó el proyecto de «repugnante y bárbaro», advirtiendo sobre el peligro de armar con este tipo de tecnología a agentes mal entrenados para infligir dolor a la comunidad. Por su parte, la congresista demócrata por Illinois, Delia Ramírez, manifestó en sus redes sociales que «bajo ninguna circunstancia» se debe confiar este equipamiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras que la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó a la administración del presidente Donald Trump de buscar herramientas que permitan «la capacidad de torturar a la gente discretamente».
La polémica por este equipamiento táctico surge en un contexto de creciente escrutinio sobre los métodos de contención del ICE, marcado por tiroteos mortales recientes contra personas de origen latinoamericano como el mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y el colombiano Johan Durán en Maine tras controles de tráfico. Asimismo, la indignación social se mantiene elevada en el país tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios registrados a principios de año en Mineápolis, los cuales desencadenaron intensas jornadas de protesta.
