La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México desestimó las declaraciones de autoridades del gobierno del estado de Texas, quienes se atribuyeron la posesión territorial y jurisdicción sobre nueve islas situadas en el cauce del Río Bravo.
La cancillería mexicana puntualizó que la línea fronteriza entre ambas naciones se encuentra formalmente delimitada por el Tratado de Límites suscrito en 1970, el cual establece de manera jurídica que la división internacional transcurre por el centro del cauce normal del afluente, principio rector que fija la soberanía de las tierras sin importar reclamos o antecedentes previos.
La autoridad diplomática subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas representa el único órgano binacional facultado por ambos gobiernos federales para interpretar el acuerdo, verificar la demarcación oficial y definir a qué país corresponde cada porción insular, dejando en claro que ninguna administración estatal posee facultades para modificar los límites comunes.
Asimismo, el gobierno mexicano advirtió que los convenios vigentes prohíben expresamente obras que desvíen u obstruyan el flujo del agua, por lo que mantendrá un monitoreo permanente sobre cualquier acción desplegada en el área para garantizar el respeto al derecho internacional.
