Este lunes desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, presentó dos iniciativas de Ley que ya fueron enviadas al Congreso de la Unión para reformar o adicionar a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Luego de que se aprobó la reforma judicial en semanas recientes, los objetivos de estas iniciativas son garantizar los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial.

Destacan dar legalidad al proceso, certeza, imparcialidad, objetividad, transparencia, así como garantizar la tutela judicial efectiva durante el proceso electoral.

Habrá diferentes etapas de este proceso que concluirá el primer domingo de junio de 2025, cuando se lleve a cabo la elección ciudadana. Entre estas etapas destacan:

– Preparación de la elección

– Convocatoria y postulación de candidaturas

– Jornada electoral

– Cómputos y sumatoria

– Asignación de cargos

– Calificación y declaración de validez

El Senado de la República emitirá la convocatoria general a los tres Poderes de la

Unión para integrar el listado de candidaturas.

La convocatoria general no podrá establecer requisitos adicionales para postularse a los diferentes cargos ni para la integración y funcionamiento de los Comités.

Los procesos deberán ser públicos, abiertos y transparentes, además de inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas y todos los interesados. Por su parte, el Poder Judicial instalará comités de evaluación que revisen y califiquen los perfiles de acuerdo con sus estudios profesionales, su preparación y el cargo al que aspiran. Dichos comités estarán integrados por cinco personas de reconocido prestigio en la materia jurídica que corresponda. 

Concluido el plazo de inscripción, los comités publicarán la lista de las personas aspirantes que hayan reunido los requisitos constitucionales de elegibilidad y entonces darán paso a calificar la idoneidad de cada postulante.

Algunas de las fechas más importantes a considerar en todo este proceso son:

– 16 de octubre del 2024. El Senado emite convocatoria general para los poderes.

– 31 de octubre. Instalación de Comités de Evaluación.

– 4 de noviembre. Publicación de convocatorias para la ciudadanía.

– 24 de noviembre. Inscripciones de aspirantes.

– 15 de diciembre. Comités Verifican requisitos de elegibilidad (documentos).

– 31 de enero de 2025. Comités realizan entrevistas y seleccionan finalistas Idóneos.

– 4 de febrero. Poderes determinan conformidad de finalistas y devuelven a Comités.

– 5 de febrero. Comités insaculan, depuran listados y devuelven a poderes.

– 7 de febrero. Poderes aprueban listados depurados y los remiten al Senado.

– 12 de febrero. El Senado integra, revisa y remite listados al INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que este es el principal resultado de la reforma judicial aprobada hace unas semanas y que fue planteada para dotar de mayor transparencia y democracia al Poder Judicial del país.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada “Ley Silla” que establece la obligación patronal de proveer asientos con respaldo a los trabajadores de los sectores servicios y comercio para descansar periódicamente durante la jornada laboral.

En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Esta disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo.

La propuesta también busca prohibir que las personas empleadoras obliguen a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral o tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones.

Además, se proyecta incluir en el reglamento interior del centro de trabajo que los periodos de reposo durante la jornada laboral son obligatorios, así como las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras a usar los asientos o sillas con respaldo.

Al documento, que reforma los artículos 132, 133, 422, 423 y adiciona una fracción XVII al artículo 133 de la citada ley, se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato y una vez aprobado fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en funciones, Sergio Gutiérrez Luna, emitió la declaratoria de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Pasa al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”, dijo Gutiérrez Luna.

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Julieta Villalpando Riquelme (Morena), dio cuenta de la recepción de una comunicación del Senado en torno al proyecto de declaratoria.

Informó al Pleno que se recibieron 26 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

Entre lo reformado, se establece que la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional (Sedena), para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.

Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

En los artículos transitorios, se da un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico. Mientras tanto, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.