El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, comentó que México se encuentra en un momento clave que abre la oportunidad de consolidar un modelo de crecimiento con enfoque social, en el que la inversión pública y privada contribuya a reducir brechas regionales y garantizar derechos.
Durante la discusión de la iniciativa de Ley de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el legislador señaló que la necesidad de complementar la inversión pública con la privada, ya que, si bien la economía mexicana ha mantenido una trayectoria de expansión, resulta fundamental fortalecer los motores de inversión para alcanzar tasas de crecimiento más altas y sostenidas en el mediano plazo.
Ramírez Cuéllar explicó que ambas propuestas incorporan esquemas innovadores y mecanismos complementarios para organizar la inversión bajo un enfoque integral. Por un lado, su iniciativa contempla figuras como la inversión mínima, mixta e indirecta, orientadas a ordenar la participación de los distintos actores y a distribuir adecuadamente los riesgos conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos.
Por otro, la propuesta del Ejecutivo incorpora vehículos de coordinación (como los de propósito específico, a través de fideicomisos, mandatos o sociedades) así como esquemas mixtos y fondos públicos como el FONADIN, que permiten aislar riesgos, estructurar financiamiento de largo plazo y canalizar ahorro institucional hacia proyectos productivos. Estos instrumentos no solo articulan el financiamiento, la ejecución y la gobernanza de los proyectos, sino que establecen reglas claras de transparencia, control de pasivos, evaluación de riesgos y rendición de cuentas, fortaleciendo la certidumbre jurídica y reduciendo los costos de financiamiento en beneficio del desarrollo nacional.
Ramírez Cuéllar recordó que la inversión mixta no parte de cero, ya que desde marzo de 2025 se aprobó la regulación sectorial en el sector energético (electricidad e hidrocarburos), estableciendo un precedente clave que hoy permite extender estos mecanismos a toda la infraestructura estratégica del país.
En este contexto, subrayó que ambas propuestas coinciden en puntos fundamentales como concebir a la infraestructura como un eje del bienestar social, orientando la inversión a reducir brechas, ampliar el acceso a servicios y promover un desarrollo regional más equilibrado.
Fortalecer la planeación estratégica y la coordinación institucional, mediante instrumentos más sólidos de gobernanza, evaluación y seguimiento que mejoren la eficiencia de los proyector, priorizar sectores estratégicos como transporte, agua, energía y logística, por su impacto directo en la competitividad económica y en la calidad de vida de la población.
Asimismo, reconocer los rezagos históricos en infraestructura —particularmente en el sur del país— y la necesidad de impulsar la inversión como palanca para fortalecer el crecimiento económico y el bienestar social. Finalmente, sostuvo que el objetivo es claro: consolidar una política de inversión que eleve el crecimiento del PIB, fortalezca el mercado interno y garantice que los beneficios del desarrollo lleguen a todas las regiones del país.
