El legislador de Morena señaló que el Congreso de Nuevo León evalúa expedientes para el desafuero y destitución del gobernador; documentan desvíos de la tesorería estatal hacia su despacho jurídico familiar.
La bancada de Morena en el Congreso de la Unión solicitó formalmente la intervención coordinada de los tribunales de Nuevo León y de las fiscalías federales para el desahogo de las carpetas de investigación instruidas contra el titular del Ejecutivo de dicha entidad. Los señalamientos parlamentarios exigen dar continuidad a las auditorías sobre los flujos de capital del erario, argumentando que existen elementos técnicos suficientes para dar curso al retiro de la inmunidad procesal del funcionario.
Juicio político, desafuero y resoluciones electorales De acuerdo con las declaraciones institucionales emitidas por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar este martes 2 de junio del año 2026, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León reactivó los expedientes de dos juicios políticos en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. El legislador especificó que los procesos derivan de violaciones a la normatividad electoral, destacando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya resolvió la falta de imparcialidad en el proceso de 2024 para beneficiar a candidatos de su partido.
Respecto al alcance de los dictámenes administrativos que analiza la legislatura local, el diputado Ramírez Cuéllar manifestó:
“Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra”.
Rastreo de triangulación financiera y facturación falsa El informe presentado por el legislador desglosa un esquema de presunto desvío de recursos públicos operado desde la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Nuevo León para beneficiar directamente a la empresa «Firma Jurídica y Fiscal Abogados», propiedad del mandatario estatal y de su padre. La ruta del capital documentada por las auditorías internas describe las siguientes transacciones consecutivas:
- Paso 1: La Tesorería del Estado transfirió fondos públicos a la empresa proveedora gubernamental denominada “Suministro MYR”.
- Paso 2: De manera inmediata, la firma MYR remitió el dinero a su empresa filial, “Proveedor de productos mexicanos JACE”.
- Paso 3: Finalmente, la moral JACE depositó los recursos económicos en las cuentas del despacho jurídico personal del gobernador.
De igual forma, Ramírez Cuéllar denunció que la empresa «Firma Jurídica y Fiscal Abogados» destinó un estimado superior a los 81 millones de pesos para financiar las campañas de promoción del mandatario en plataformas digitales, utilizando como intermediaria a la firma «Nauka Comunicación Estratégica», la cual también ejerce el estatus de proveedora del gobierno estatal.
Vínculos con hidrocarburos ilícitos y la vía federal A las indagatorias por la emisión de comprobantes fiscales sin sustento material se sumó el análisis de las redes de colaboración de familiares directos del gobernador tras la captura del empresario Jesús Ricardo Puente, vinculado a un grupo de denominados «Petrofactureros» dedicados al mercado ilícito de hidrocarburos (huachicol). Al evaluar la probable participación de los consanguíneos del mandatario, el diputado federal precisó:
“Desde luego, una relación de colaboración no puede calificarse en automático de ilegal; sin embargo, las posiciones de poder y privilegio de unos cuantos facilitan el enriquecimiento ilícito y actos de influyentismo y corrupción, por lo que deben ser investigadas a fondo”.
Ramírez Cuéllar advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con las facultades legales para citar a declarar a García Sepúlveda en el corto plazo, debido a que las conductas descritas configuran probables delitos de competencia federal como el lavado de dinero y la defraudación fiscal, exhortando a las fiscalías locales a evitar acuerdos de protección política.
