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Los senadores del Partido Verde propusieron establecer áreas o centros de atención en los centros educativos para proporcionar servicios de asesoramiento legal, así como apoyo psicológico ante casos de violencia que ocurran dentro y fuera de las escuelas.

La bancada explicó que con esta propuesta se busca que las escuelas puedan gestionar de manera efectiva las situaciones de violencia que afectan a la comunidad educativa, a través de un enfoque integral en la protección y bienestar de las y los estudiantes.

Apuntaron que la violencia en el entorno escolar no solo afecta la seguridad de los estudiantes, sino que tiene consecuencias a largo plazo en su bienestar psicológico, en su capacidad para aprender y en su desarrollo emocional y social.

Agregaron que, según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estas acciones generan en los estudiantes repercusiones como depresión, ansiedad, falta de concentración, sueño y pensamientos suicidas, además de que se convierte en un factor decisivo para fomentar el abandono escolar y el bajo rendimiento académico.

Bullying: Principales problemáticas entre adolescentes

Los senadores puntualizaron que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el acoso escolar y el bullying son de las principales problemáticas que adolescentes y jóvenes enfrentan en el país.

Además, según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), en el 2023, cerca del 20.9 por ciento de la población de 12 años o más fue víctima de ciberacoso entre los meses de julio de 2022 a agosto de 2023.

También señalaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió más de 6 mil quejas por maltrato y/o acoso escolar entre los años de 2014 a 2021 y recibió 16 mil 649 llamadas por acoso escolar en ese mismo periodo. Además de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que más del 50 por ciento de los estudiantes de educación básica han sido víctimas de algún tipo de maltrato y/o violencia escolar.

Ante estas alarmantes cifras, los legisladores ecologistas dijeron que esta propuesta también beneficiará a profesores y personal de las escuelas, ya que permitirá que los docentes mantengan comunicación con profesionales en áreas psicológicas, al mismo tiempo que contribuirá con los procedimientos y responsabilidades del personal administrativo en la gestión de casos de violencia, apoyando así, no solo a los estudiantes víctimas, sino a todo el personal académico.

El documento está firmado por los senadores Jasmine Bugarín, Karen Castrejón, Rocío Corona, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco.